Juan de Dios García, de la Coordinadora de Comunidades Afectadas, reiteró su disgusto porque el Gobierno proponga que el plan de reparaciones y sus medidas, sobre todo la económica, sean ejecutados “mediante la disponibilidad de recursos”, porque eso podría significar que si no hay fondos para ello, no se hará.
El plan requiere de Q1 mil 200 millones.
VIAJARÁN
Las autoridades refieren que una política pública para las reparaciones es una salida jurídica para ejecutarlo, mientras los afectados amenazan con viajar a Washington para hablar con los promotores de la Ley de Asignaciones Consolidadas 2014, que condicionó ayuda a Guatemala a cambio de ejecutar el plan.
García dijo que el Ejecutivo no tiene voluntad, y ese organismo defiende que busca soluciones cuanto antes.