Prensa Libre

POR BILL BARRETO

La queja de la organización fue formulada a la Comisión de Transparencia, que citó a Armando Paniagua, director del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), encargado del proyecto, pero se excusó de asistir.

Todas las obras destinadas a víctimas del conflicto armado debieron construirse por medio de cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG), mediante un convenio tripartito firmado en el 2009 entre la Secretaría de la Paz (Sepaz), Fonapaz y el PNR, por Q105 millones.

Tres años después, Miguel Itzep, integrante del consejo de Q’anil Tinamit, señaló que las ONG y constructoras “dicen que tienen que finiquitar los convenios para contratar otras obras pendientes, pero ya pasaron siete meses. Algunos beneficiarios tuvieron que desarmar sus casas y les han tenido que dar posada”.

Las ONG cuestionadas son Jade Maya, Adesi, Acadegua y Asodepro.

En otro proyecto para la construcción de mausoleos resta por erogar Q2.31 millones, y para viviendas, Q24.78 millones, que ya no fueron utilizados por las ONG debido al acuerdo gubernativo 36-2012, que prohíbe que este tipo de entidades contraten a empresas para la ejecución de obras.

Q’anil Tinamit indicó en un comunicado que de abril a noviembre de este año las autoridades del Gobierno han afirmado “que el compromiso sigue vigente, pero sin presentar ningún plan de ejecución y cumplimiento” del acuerdo.

Nuevo concurso

En consulta vía telefónica, Paniagua informó a Prensa Libre que los Q27 millones restantes serán erogados el próximo año, después de una nueva licitación pública en la que ya no podrán participar ONG.

La reparación de las viviendas entregadas con daños deben efectuarlo los contratistas, por medio de las fianzas suscritas para ese fin, indicó Paniagua.

El funcionario minimizó los daños detectados en las viviendas. “Había desperfectos por arreglar, como puertas que no abren, cosas que no ameritan una cantidad mayor de Q2 millones en total”, afirmó.

Respecto de los señalamientos contra las ONG, Paniagua dijo que la Contraloría General de Cuentas no ha dado un dictamen final. “Las empresas constructoras que participaron, si no se les ha comprobado nada, no tienen impedimento para participar”, aseguró.