Prensa Libre

POR ÓSCAR ISMATUL Y GEOVANNI CONTRERAS

La CIDH comunicó esa decisión al Gobierno el 20 de mayo último, pero pese a la postura del Ejecutivo de acatar ese pedido, expertos consultados coinciden en señalar que el cierre de la mina requerirá tiempo, porque se prevé una fuerte disputa legal.

Sin mayores explicaciones y detalles, el Gobierno emitió un comunicado en el que expresa literalmente: “En relación a la medida cautelar de suspender las actividades mineras aludidas, el Estado comunica su decisión de atenderla, para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos”.

Sin embargo, ese documento no especifica la metodología de dicha suspensión y el plazo para ejecutarla.

La respuesta del Estado también señala: “El Gobierno de Guatemala, de conformidad con las posibilidades de su propio ordenamiento interno, iniciará el proceso administrativo correspondiente, con el fin de que la medida cautelar pueda cobrar legalmente vigencia”.

La CIDH —adscrita la Organización de Estados Americanos— impuso cinco solicitudes: la primera era la solicitud de suspender la explotación minera del proyecto Marlin 1 y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Gold Corp/Montana Exploradora de Guatemala, S.A.

El pedido de la CIDH establece: “Ello, como medida cautelar a favor de las comunidades del pueblo maya (sipakapense y mam) de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, donde opera la mina Marlin”.

El informe final —identificado como Ref. P-1018-2010/RDVC/HEMJ/ad— contiene las respuestas del Estado de Guatemala, y fue redactado por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política de Derechos Humanos, y enviada ayer por medio de la Cancillería, tras vencerse el plazo y prórroga que solicitó el país.

Otras respuestas a la comisión

Otra medida que la CIDH solicitó fue “adoptar las medidas necesarias para descontaminar en lo posible las fuentes de agua de las 18 comunidades beneficiarias, y asegurar el acceso por sus miembros a agua apta para el consumo”.

El Estado respondió que los estudios efectuados por los ministerios de Salud, Ambiente y Energía y Minas no demostraron contaminación en las aguas de dichas comunidades, por lo que son aptas para el consumo.

La CIDH también exigió que se resuelvan problemas de salud en los residentes de las comunidades vecinas a la mina Marlin y exhorta a las autoridades a desarrollar un programa de asistencia. El Ejecutivo respondió: “No se detectó ninguna enfermedad vinculada a la presunta contaminación, según evaluación de la cartera de Salud”.

Una cuarta solicitud de esa comisión aseveró que el Estado de Guatemala debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 18 comunidades.

“El Gobierno, por medio del Ministerio de Gobernación, mantiene los esfuerzos para preservar la integridad física y la vida de los miembros de las comunidades mencionadas (...) ejecuta órdenes de aprehensión únicamente cuando son emanadas de los órganos jurisdiccionales competentes”, afirmó el Estado, ante las denuncias de supuestas persecuciones contra líderes comunitarios.

Por último, la CIDH solicita planificación y medidas de protección con la participación de los beneficiarios de las medidas cautelares, a lo que el Estado respondió favorablemente.

Un estudio de la Universidad de Míchigan reveló que, aunque no llega a niveles críticos, se encontraron metales pesados, como plomo, zinc, cobre y otras sustancias tóxicas en las muestras de sangre en un grupo de pobladores cercanos a la mina Marlin.

Por varias horas y hasta el cierre de esta edición, Prensa Libre intentó obtener la postura de Montana Exploradora, propietaria de la mina Marlin, sobre la medida, pero ni Maritza Ruiz, encargada de comunicación, ni Eduardo Villacorta, presidente de Gold Corp, no respondieron las llamadas telefónicas ni los mensajes de correo electrónico.