Comunitario

Ingreso a mina queda bajo control de PNC

El ingreso a la mina El Tambor, entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, el cual los pobladores mantenían bloqueado desde marzo último, quedó a partir de ayer bajo el control de la Policía Nacional Civil (PNC).

Edy Juárez, viceministro de Seguridad, se comprometió con los vecinos y representantes de organizaciones sociales a que los 15 agentes que quedan al resguardo no permitirán entrar ni salir a nadie de las instalaciones de la empresa minera.

La jornada comenzó ayer a eso de las 6.15 horas cuando un contingente de más de 200 agentes de la PNC, entre ellos elementos antimotines, llegó al lugar con la orden verbal de desalojarlos.

“Nosotros tenemos la orden de operativizar una empresa que tiene todos sus permisos, está completamente legal y no puede operar, debido a que los pobladores no permiten el ingreso”, expresó Juárez.

Uno de los vecinos relató que debido a que eran pocos los inconformes en el lugar, no les permitieron salir y una persona designada eligió a cuatro dirigentes, quienes fueron detenidos, por obstrucción a la libre locomoción y alteración del orden.

Enfrentamiento

Después de eso, más pobladores llegaron al lugar y ante la resistencia para liberar el ingreso a la mina, la PNC tiró bombas de gas pimienta, con lo cual tres personas resultaron afectadas.

Los Bomberos Voluntarios atendieron en el lugar a Elba Carolina Santos, de 10 años, y trasladaron a un centro de salud a Enma Véliz, 38, y Siara Abigaíl Oliva, 4.

Con la llegada de más vecinos, representantes de organizaciones sociales y medios de comunicación, la situación se calmó y los probladores se acostaron en el suelo a orar. Mientras, los policías se mantenían a unos 30 metros de ellos.

A eso de las 9 horas, de nuevo los antimotines avanzaron y quedaron a unos tres metros de los vecinos, pero con la llegada de delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) se calmaron los ánimos y los agentes se distanciaron.

A eso de las 11 horas hubo un intento de diálogo, sin frutos, en el que participó Alberto Brunori, de Naciones Unidas, para los derechos humanos; Claudia López, adjunta de la PDH; Juárez y Yolanda Oquelí, de los vecinos.

Mauricio López, ministro de Gobernación, dijo que hay intereses que no permiten el diálogo y extranjeros que incitan.

Fue hasta las 17.30 horas que Juárez se comprometió con los pobladores a no permitir el paso de nadie a la mina, hasta el lunes que se inicie un diálogo entre los pobladores y la minera, así como liberar a los detenidos, quienes ya habían sido llevados a la Torre de Tribunales. Esto implicó que los vecinos se retiraran del lugar.

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