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05/03/13 - 00:00 Comunitario

Ministerio Público conoce 607 casos de discriminación

Del 2010 hasta ayer, el Ministerio Público (MP) ha recibido 607 denuncias por discriminación, delito que fue creado en el país en el 2002.

De acuerdo con las cifras, en el 2010 se conocieron 189 denuncias; en el 2011 fueron 176 y para el 2012 llegaron a 211, mientras que del 1 de enero hasta ayer se recibieron 31.

Uno de los casos más recientes es el de la doctora en Ciencias Sociales Emma Delfina Chirix García, quien presentó una denuncia por discriminación en diciembre del 2012. Hasta ahora, la entidad investigadora no ha hecho ninguna investigación, aseguró Chirix.

Recordó que el viernes 7 de septiembre del 2012, llegó a una clínica de un hospital privado, a las 16 horas, para una cita con el médico, debido a que su madre padece parkinson desde hace 12 años.

La secretaria del neurólogo les informó que este tenía una emergencia y que no se encontraba en la clínica. Junto a ellas se hallaba otra paciente que tenía cita a las 16.20 horas.

Cuando llegó el médico, la secretaria le anunció que ingresara a la persona que tenía la cita después de ellas, y al pedirle una explicación solo respondió: “Su mamá pasa después de la paciente que entró”.

Se retiraron de la clínica a las 17.50 horas, sin haber sido atendidas. Chirix denunció que su mamá no fue atendida por ser indígena.

Otro caso es el de la maestra Rosaura Otzoy, en el cual el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión conmutables y una multa de Q2 mil, por discriminación, a la entonces directora del plantel Ana Marina Chaly.

El problema comenzó en el 2006, cuando laboraba como maestra de la Escuela Oficial Urbana Mixta del cantón La Cruz, zona 2 de Chimaltenango.

Según la denunciante, Chaly la miraba con gestos inapropiados y la trataba con palabras soeces.

Cifras mínimas

Para Béquer Chocooj, comisionado presidencial contra la Discriminación y el Racismo, esas cifras son mínimas, debido a que no existe una cultura de denuncia.

“Es un tema a flor de piel. El racismo y la discriminación son un hecho del día a día, y lo más visible es en la parte de lo interpersonal, a través de los mensajes peyorativos a una persona indígena por el uso del traje, especialmente a la mujer”, expresó Chocooj.

El comisionado señaló que hay discriminación sutil, que se refiere al ámbito institucional. Afirmó, por ejemplo, que para el 2010 la inversión pública fue de Q4 mil 600 por una persona en el área metropolitana, en contraste con los Q1 mil 600 para un habitante de Totonicapán.

También detalló que la discriminación tiene un costo anual que oscila entre Q12 mil millones y Q15 mil millones.

POR BYRON ROLANDO VáSQUEZ /

Ataques verbales

La discriminación es un fenómeno que se ha mantenido invisibilizado y las cifras de las denuncias son únicamente un subregistro de los cientos de casos que se dan todos los días.

Empleadas del OJ

El Juzgado Undécimo Penal envió a prisión preventiva  a la notificadora  Brenda López Solís, acusada de  discriminación.

Cuando el caso llegó a sentencia, el 21 de febrero del 2012,  el Tribunal la absolvió.

La denuncia fue presentada por la comisaria  del Juzgado Octavo Penal, Ana María Mejía, quien afirmó que López Solís la discriminaba por ser indígena.

Ambas trabajaban en el mismo juzgado.

Sanción en  futbol

Por primera vez en el futbol, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional  emitió el 22 de febrero recién pasado   una sanción por racismo e impuso una multa de Q15 mil al club Heredia, por los insultos de que fue objeto el futbolista de la Usac  Milton Núñez.

Además, se le pidió a la Comisión Arbitral de la Fedefutbol que  informara por qué  el árbitro Misaél Hernández  no consignó en el acta los insultos racistas y discriminativos contra Núñez.

Le negaron el DPI

Una empleada del Registro Nacional de la Personas se negó a entregarle el Documento Personal de Identificación (DPI)  a Francisco Pedro Francisco, de la etnia q’anjob’al.

Glendy Figueroa Figueroa, delegada del Renap en el lugar, le dijo a Pedro Francisco: “no se le entrega  su DPI porque su nombre está mal, y solo se le dará si se cambia de nombre”.

El caso se encuentra  en la Corte de Constitucionalidad.


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