Prensa Libre

POR BYRON ROLANDO VáSQUEZ

De acuerdo con las cifras, en el 2010 se conocieron 189 denuncias; en el 2011 fueron 176 y para el 2012 llegaron a 211, mientras que del 1 de enero hasta ayer se recibieron 31.

Uno de los casos más recientes es el de la doctora en Ciencias Sociales Emma Delfina Chirix García, quien presentó una denuncia por discriminación en diciembre del 2012. Hasta ahora, la entidad investigadora no ha hecho ninguna investigación, aseguró Chirix.

Recordó que el viernes 7 de septiembre del 2012, llegó a una clínica de un hospital privado, a las 16 horas, para una cita con el médico, debido a que su madre padece parkinson desde hace 12 años.

La secretaria del neurólogo les informó que este tenía una emergencia y que no se encontraba en la clínica. Junto a ellas se hallaba otra paciente que tenía cita a las 16.20 horas.

Cuando llegó el médico, la secretaria le anunció que ingresara a la persona que tenía la cita después de ellas, y al pedirle una explicación solo respondió: “Su mamá pasa después de la paciente que entró”.

Se retiraron de la clínica a las 17.50 horas, sin haber sido atendidas. Chirix denunció que su mamá no fue atendida por ser indígena.

Otro caso es el de la maestra Rosaura Otzoy, en el cual el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión conmutables y una multa de Q2 mil, por discriminación, a la entonces directora del plantel Ana Marina Chaly.

El problema comenzó en el 2006, cuando laboraba como maestra de la Escuela Oficial Urbana Mixta del cantón La Cruz, zona 2 de Chimaltenango.

Según la denunciante, Chaly la miraba con gestos inapropiados y la trataba con palabras soeces.

Cifras mínimas

Para Béquer Chocooj, comisionado presidencial contra la Discriminación y el Racismo, esas cifras son mínimas, debido a que no existe una cultura de denuncia.

“Es un tema a flor de piel. El racismo y la discriminación son un hecho del día a día, y lo más visible es en la parte de lo interpersonal, a través de los mensajes peyorativos a una persona indígena por el uso del traje, especialmente a la mujer”, expresó Chocooj.

El comisionado señaló que hay discriminación sutil, que se refiere al ámbito institucional. Afirmó, por ejemplo, que para el 2010 la inversión pública fue de Q4 mil 600 por una persona en el área metropolitana, en contraste con los Q1 mil 600 para un habitante de Totonicapán.

También detalló que la discriminación tiene un costo anual que oscila entre Q12 mil millones y Q15 mil millones.