Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), dijo estar de acuerdo con la aprobación de esta normativa porque agiliza el tránsito y, además, es necesario regular las protestas.

“En todos los países debe existir el permiso para manifestar, y en Guatemala se ha vuelto un abuso el tema de las manifestaciones, pues es totalmente violatorio a la Constitución, debido a que va en contra de la libre locomoción y comercialización”, expresó.

Acciones

Daniel Pascual, representante del Comité de Unidad Campesina (CUC), expuso que analizarán si la Ley es inconstitucional y aseguró que el derecho a la manifestación no puede ser restringido.

Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, señaló que ven con buenos ojos el hecho de que se estén tomando medidas para facilitar el tránsito, y considera que la Ley contribuirá en la fluidez del transporte y en el ámbito económico del país.

Claudia Samayoa, coordinadora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (Udefegua), espera que esta normativa sea vetada por el presidente de la República, Otto Pérez Molina, al asegurar que el mandatario ha prometido respetar los derechos humanos de quienes protestan.

Problema

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, refirió que los túmulos son un grave problema, y por seguridad es mejor eliminarlos. “Una persona tiene garantías constitucionales como la libre locomoción y también para manifestar, pero sin entorpecer los derechos de los demás ciudadanos”, indicó.

Ana María de Klein, de la agrupación Madres Angustiadas, expuso que muchos túmulos son innecesarios, sobre todo los que se encuentran en las entradas y salidas de los pueblos.

En cuanto a las protestas dijo que todos tienen derecho a manifestar sus inconformidades, pero de una manera pacífica y sin bloquear el tránsito.

Rodolfo Rohrmoser, abogado constitucionalista, expuso que está de acuerdo, ya que los túmulos, talanqueras y protestas deben ser regulados por el Estado.

Pedro Cruz, dirigente de Jóvenes por Guatemala, se manifestó de acuerdo con la Ley, aunque espera que no sea mal utilizada para impedir las protestas pacíficas.

Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, afirmó que esta medida aprobada viola la Constitución.

Para el viceministro de Transporte, Guillermo Sosa, cada día, en el país, se colocan sin autorización y a discrecionalidad entre 15 y 20 túmulos, lo que dificulta la libre circulación.

Datos

15 o 20 túmulos se colocan a diario en el país en  forma ilegal, según el CIV.

Q1 mil y Q 5 mil de multa y un año de prisión podrá recibir quien obstaculice el paso.

Protestas reguladas 

Carolina Castellanos, de Amcham, dijo: “Algunos  túmulos   son puntos de asalto  cuando se disminuye la velocidad”.  Refirió  que es conveniente regular las protestas que afectan la libre locomoción. “No es posible  que por lo que un grupo quiere se ponga en riesgo la  vida y seguridad de las personas”, dijo.

Fluidez vehicular

Javier  Zepeda,  director  ejecutivo de la Cámara de  Industria de Guatemala, aseguró    que son positivas las medidas   que se están tomando,  ya que  se facilitará la fluidez  del transporte en todo el territorio.

“No  están coartando la libre expresión de los guatemaltecos  y solo se está resguardando la libre locomoción  en caso de manifestaciones”, puntualizó.

Derecho de todos   

El diputado ponente de la Ley, Juan Alcázar,  dijo que  la quema de llantas  y otros objetos durante las protestas  podrían controlarse con la norma  recién aprobada.

“Los manifestantes tienen la necesidad de ser escuchados, pero es otra vía. Debe prevalecer el interés colectivo ante el particular, y la gente ha actuado arbitrariamente”, afirmó  Alcázar,  quien negó  que se quiera criminalizar  las protestas.

Persecución penal

Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina, expuso: “El camino  por restringir la democracia  está  avanzando   con una  Ley que permite  perseguir  penalmente a las personas que protestan  al bloquear  carreteras”. Agregó que analizan  si accionarán de manera legal  contra la recién aprobada normativa.

Represión evidente

Nery Rodenas,  de   la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, aseguró  que se viola la Constitución y    que  el  fondo de la Ley es evitar las manifestaciones.

“La criminalización y la represión es evidente,  y en ese sentido cualquier persona  que  manifieste y obstaculice una carretera será llevada a tribunales”, advirtió  Rodenas.

 “Piedra en el zapato”

Claudia Samayoa,  de Udefegua, opina  que la Ley  está   mal escrita para   prohibir manifestaciones y reuniones públicas,  al utilizar  el  concepto de otros obstáculos a la circulación. “Ahora resulta que la ciudadanía pasó  de ser una piedra en el zapato de los políticos a ser un túmulo. Esto es inconstitucional. No  pueden prohibir las protestas”, manifestó  la activista.