Adelso Romel, director de la defensoría, explicó que las comunidades del área habían resistido la presión de actividades ganaderas, el cultivo de palma africana y tráfico ilícito de maderas preciosas como el Rosul, que amenazaban con alcanzar la zona núcleo de la reserva.

“La comunidad vio que se violaba su derecho a posesión de tierras y presiones económicas de madereros, cañeros, palmeros, ganaderos que buscan expandir sus fronteras y desplazar a las comunidades“, dijo Romel.

La gestión ante el Estado comenzó con la solicitud de titular las tierras bajo una nueva denominación comunal, lo que obligo al Ejecutivo a instalar una mesa técnica que podría institucionalizarse para conocer procesos como el de Izabal en al menos 60 lugares donde habitaban comunidades antes de declararlas áreas protegidas.

El pasado 1 de marzo, el presidente Otto Pérez Molina entrego los títulos comunitarios, una inscripción inédita que permitió que las tierras fueran propiedad de las 14 comunidades sin que estas puedan vender o hipotecar terrenos en forma individual, proyecto que ahora se busca ampliar a otras áreas protegidas que también se ven amenazadas y donde cohabitan comunidades previo a la declaratoria de protección.

“La tierra que se dio por su categoría no permite que las vendan, hipotequen o que el Estado se las quite, son tierras colectivas y solo el que este registrado en esa comunidad es propietario y no tiene un solo dueño que pueda en algún momento venderlo”, dijo Benedicto Lucas, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), que participa del Foro.