Con la medida, el Gobierno puede centralizar las acciones, hacer compras sin usar la Ley de Contrataciones, limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las personas, establecer cordones sanitarios, exigir a particulares auxilio y cooperación y promover el traslado en sitios de alto riesgo.

El Ejecutivo decretó el 8 julio, estado de Calamidad Pública debido al sismo y lo prorrogó con aprobación del Congreso para los meses de agosto, septiembre y octubre, la nueva ampliación aún deberá ser ratificada en los próximos tres días por los diputados.

El sismo dejó una recién nacida muerta, 58 mil afectados, 313 heridos, 5 mil 400 viviendas con daños, 4 mil 985 damnificados, 3 mil 271 evacuados y 31 edificios públicos con daños.