Prensa Libre

POR ACAN-EFE Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA.- “El acuerdo firmado recientemente por el presidente Otto Pérez Molina para limitar la competencia de la Corte IDH cierra la puerta a la justicia para miles de víctimas en el país”, dijo AI en un comunicado de prensa divulgado el viernes en esta capital.

De hacerse efectivo ese acuerdo, señaló AI, “dejará a las miles de víctimas de casi 30 años de conflicto que siguen clamando justicia, sin acceso a la Corte, su último recurso si el sistema judicial en Guatemala les niega justicia”.

Por medio de un acuerdo oficial publicado el pasado 2 de enero en la gaceta del Gobierno, el cual fue suscrito por Pérez Molina, el Estado guatemalteco decidió no reconocer los fallos emitidos por la Corte IDH en casos ocurridos antes de marzo de 1987, apoyado en una “reserva”  en vigor desde esa fecha.

Una avalancha de críticas en contra de esa medida obligó a Pérez Molina, un día después, a suspender el acuerdo y ordenó que no fuese notificado a la Corte IDH, hasta buscar consenso con las organizaciones locales de derechos humanos que acusan al Gobierno de pretender proteger a los militares responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas antes de 1987.

AI indicó que la Corte IDH, “tiene autoridad para resolver la interpretación y aplicación de la Convención Americana y otros instrumentos legales relevantes”, y que el Estado guatemalteco “no puede decidir unilateralmente aplicar la Convención en la manera que más le conviene, ignorando la competencia de la Corte y su jurisprudencia”.

Sebastián Elgueta, investigador sobre Guatemala de AI, en declaraciones recogidas en el comunicado, anotó que “el gobierno de Pérez Molina pretende extender la impunidad para violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto interno armado, que incluyeron genocidio, masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual y tortura”.

El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jorge de León, ha dicho que la decisión del Gobierno no puede ser aplicada debido a que ha sentado “jurisprudencia”, pues anteriormente el Estado ha acatado los fallos emitidos por la Corte IDH sobre casos ocurridos antes de 1987.