“Hasta la fecha, el destino” de los más de “miles de niños, hombres y mujeres” que fueron “asesinados o desaparecieron” durante el conflicto, entre 1960 y 1996, “sigue siendo un misterio”, porque “el Ejército de Guatemala se ha negado a aportar documentos o asistencia significativa en el esclarecimiento de la suerte de sus víctimas”, según el informe.

Amnistía Internacional señala que, en el caso de los “secuestros”, muchos los llevó a cabo la Policía y las personas fueron entregadas al Ejército, que ha sido señalado como el responsable “del 93 por ciento de los abusos” registrados durante el conflicto interno guatemalteco.

A esa conclusión llegó en 1999 la Comisión de la Verdad, patrocinada por las Naciones Unidas, que entre otras cosas documentó 669 matanzas durante la guerra interna y atribuyó al Ejército 626 de ellas.

Amnistía Internacional reconoce en su informe como “enormemente importante” que en los últimos años algunos militares hayan sido juzgados y condenados por los abusos cometidos décadas atrás, pero insiste en que “los procesos penales en contra de otros funcionarios de alto rango” debe seguir avanzando.

Los archivos militares que “contienen pruebas de los abusos finalmente deben abrir para que los nuevos procesamientos puede llevarse a cabo y para que los familiares de los asesinados y desaparecidos hace mucho” puedan conocer la verdad de lo que pasó, añade el documento.

“El delito de desaparición forzada se hace eco largo de los años, causando dolor y traumas en las familias que todavía están luchando para descubrir la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos”, dijo el investigador sobre Guatemala de Amnistía Internacional, Sebastián Elgueta.