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POR PRENSA LIBRE.COM GUATEMALA

CIUDAD DE GUATEMALA - La audiencia comenzó el pasado martes en el Juzgado primero B de Mayor Riesgo, en ella se determinará si los acusados enfrentarán juicio por su presunta participación en las marches contra la población ixil en Quiché, durante 1982.

El Ministerio Público requirió de ocho horas para presentar su acusación, en la cual responsabilizó a Ríos Montt de haber ordenado 15 masacres en las que habrían muerto mil 771 indígenas.

A Rodríguez Sánchez se le señala de responsable por implmentar los plantes operativos Sofía, Firmeza 83 e Ixil, ordenados según la cadena de mando del Ejército y de haber participado en 11 masacres.

La Fiscalía cuenta con documentos que señalan la tortura de 163 personas, violación de 41 niñas y captura de 109 niños.

La defensa argumenta que el Ministerio Público tergiversó los documentos, ya que identificó a la población no combatiente como enemigo interno y "en ninguna parte se habla de tener como enemigo al grupo étnico ixil".

El abogado Danilo Rodríguez aseguró cada comandante era responsable de lo que pasaba o no pase en su zona, según el plan de campaña Victoria 82, en el cual se estableció que los comandos debían presentar su reporte cada 15 días, pero ningún encargado comentaría violaciones a los derechos humanos para que no lo conociera el responsable.

"Es imposible que el presidente halla podido tener autoría mediata u omisión de responsabilidades de algo que no conocía", dijo Rodríguez haciendo referencia a la censura de la prensa que había en esa época.

Abogado de víctimas

Edgar Pérez, abogado que representa a los familiares de las víctimas del conflicto armado, se adhirió a la petición del Ministerio Público para que los militares retirados José Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado y José Mauricio Rodríguez Sánchez, exdirector de la Sección de Inteligencia (G-2), enfrenten juicio por genocidio y deberes contra la humanidad.

Pérez argumentó que se debe hacer justicia por las víctimas muertas durante la guerra interna, dijo que el caso no debe quedar impune porque eran víctimas no combatientes y sostiene que sí hubo genocidio porque la intención del ejército era aniquilar a la comunidad.

*Con información de Hugo Alvarado