Prensa Libre

POR AGENCIA EFE NACIONES UNIDAS

El portavoz de la ONU, Martin Nesirky, alabó en una declaración escrita la "valentía"  demostrada por el jurista y el personal de la Comisión "durante más de dos años y medio para que los guatemaltecos puedan tener un sistema de justicia que los defienda y proteja" .

Recordó que el éxito de esta "iniciativa sin precedentes"  requiere que "el compromiso de la comunidad internacional se vea acompañado por otro similar por parte de las autoridades nacionales" .

"El secretario general expresa su esperanza de que las importantes recomendaciones de la Cicig sean puestas en práctica pronto y que el Gobierno garantice que se nombrarán a candidatos calificados para posiciones clave en el sistema judicial" , indicó el portavoz.

Nesirky reiteró el compromiso de Naciones Unidas con el éxito de esta la Comisión y declaró la intención de Ban de nombrar "un sustituto calificado que pueda añadir al progreso alcanzado hasta la fecha y dirigir la Cicig durante el resto de su mandato" .

Castresana, de 53 años de edad, anunció hoy en una conferencia de prensa en Guatemala su dimisión por el "incumplimiento"  del Estado guatemalteco en su compromiso de combatir la impunidad.

Asimismo, acusó a "grupos organizados"  del país de tratar de destruir su imagen pública, así como de "entorpecer"  el trabajo de la comisión en su lucha en contra de la impunidad.

Entre otras cosas, pidió al presidente guatemalteco, lvaro Colom, que destituya al recién nombrado fiscal general, Conrado Reyes, a quien acusó de tener vínculos con el crimen organizado.

Para el jurista español, dentro del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial "hay funcionarios y personajes que de manera notoria han demostrado no defender los intereses de los guatemaltecos" .

Castresana, al igual que Ban, no desveló el nombre de su sucesor, pero dijo que será una persona "honorable e independiente" .

En una entrevista con Efe el pasado abril en la sede de Naciones Unidas, el magistrado aseguró que el país centroamericano debe acometer profundas reformas en sus sistema jurídico y policial para abordar "males estructurales"  que han contribuido a su indefensión ante el crimen organizado.

También resaltó: "a medida que hemos acumulado éxitos, también hemos cultivado más enemigos" , que se resisten a la reconocer la labor de la Comisión.

La Cicig es fruto de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Guatemala y la ONU en diciembre de 2006, que al año siguiente fue ratificado por el Parlamento de ese país pese a la oposición de algunos grupos políticos que la consideran una intromisión en la soberanía nacional.

Su misión es determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar con el Estado en su desarticulación y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.