Domínguez Guerra explicó en su fallo que el Ministerio Público (MP) no cuenta con indicios que le hagan creer que el militar incurrió en el ilícito por el cual fue acusado, por lo que determinó cerrar el caso.

Señalamiento

Lima Oliva cumple una pena de 20 años de prisión por la muerte del obispo Juan José Gerardi, ocurrida el 26 de abril de 1998.

En  el 2010, el militar solicitó salir de prisión por libertad anticipada, aduciendo que había demostrado buena conducta y trabajo en las cárceles de Pavoncito, El Boquerón  y Canadá.

En esa ocasión,   Javier Sotomora,   entonces juez primero de Ejecución Penal, le negó el beneficio solicitado al militar, al considerar que algunos de los documentos que había presentado no cumplían con los requisitos para ello.

El 28 de agosto del 2012, el Juzgado Décimo Penal resolvió que Lima Oliva debía enfrentar a la justicia por   encubrimiento propio, por supuestamente haber usado  un documento falsificado.

El MP había pedido que el caso fuera abierto por uso de documentos falsificados y  falsedad material, pero en ese entonces el juez Wálter Villatoro explicó que no se cumplía con los requisitos para procesar al militar por ese ilícito.

El capitán señaló que el órgano investigador perdió cuatro años tratando de demostrar que había incurrido en un delito.

“Tratan de ganar tiempo para continuar con el caso Gerardi. La fiscalía especial que investiga el caso no ha podido demostrar quién es el autor material ni el intelectual de la muerte del obispo”, afirmó Lima Oliva.

El fiscal del caso, Jorge García Mazariegos, explicó que la resolución de Domínguez Guerra será impugnada, pues la juzgadora no valoró la prueba científica y documental.

“La jueza fundamentó su resolución solo en las declaraciones de personas que aparecen como testigos, y no en la prueba científica”, enfatizó García Mazariegos.

Antejuicio

Militar saluda a alcalde

El capitán Byron Lima Oliva saludó ayer al alcalde de Mixco, Otto Fernando Pérez Leal, en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal.

Pérez Leal afronta un proceso de antejuicio para determinar si se le debe retirar   la inmunidad como funcionario  para ser investigado por estafa, según la denuncia que en su contra presentó una exempleada de la comuna a su cargo.

El jefe edil fue denunciado por Mirna Amparo Herrera García, quien reclama que la Municipalidad de Mixco no le ha pagado Q192 mil 149.40, como lo ordenó un juzgado del ramo laboral.

El alcalde llegó a la judicatura luego de tres citaciones hechas por la jueza Silvia de León Santos, nombrada como pesquisidora en el caso por la Sala Primera de lo Penal.

Denuncia

La denuncia que Herrera García presentó   contra   Pérez Leal señala que la comuna  no le ha cancelado la mencionada cantidad, producto de sueldos atrasados que se ordenó pagarle, como parte de un proceso de reinstalación laboral.

Pérez Leal le explicó a De León Santos que la denunciante fue despedida  en el 2004, por lo cual la deuda se contrajo durante la administración de Amílcar Rivera.

El alcalde aseguró que no se le ha podido pagar a Herrera García porque la municipalidad no cuenta con  recursos suficientes.

El alcalde explicó que la administración anterior dejó una deuda de Q140 millones en prestaciones no pagadas.