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Prensa Libre

01/12/12 - 00:00 Justicia

Corte Suprema de Justicia ayudará en pesquisas de jueces

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó ayer que colaborará con la investigación contra los 18 jueces que fueron denunciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el Ministerio Público (MP), por su presunta participación en actos de corrupción.

Gabriel Medrano, presidente de la CSJ, indicó que colaborarán en la entrega de información que sea requerida por el MP en relación con los juzgadores que fueron denunciados por la Cicig.

INFORME – Consulte la investigación de sobre los jueces

Afirmó que el pleno de magistrados conocerá los casos de antejuicio solicitados por la Fiscalía.

“Hasta ahora no tenemos una postura oficial respecto del informe “Jueces de la Impunidad”, elaborado por la Cicig”, expresó Medrano.

Prensa Libre pudo constatar que algunos magistrados de la CSJ ya tuvieron acceso al documento.

El presidente de la CSJ manifestó que “hasta ahora terminó la incertidumbre” que mantenía la Cicig, que “llevaba meses” diciendo que denunciaría a jueces implicados en actos de corrupción, la cual se aclaró el miércoles recién pasado con la denuncia.

El funcionario indicó que la acusación contra 18 jueces no es un debilitamiento del Organismo Judicial (OJ), “al contrario, significa un fortalecimiento al estado de Derecho”.

Medrano explicó que las medidas coercitivas contra algunos juzgadores deben mejorarse mediante las reformas a la carrera judicial.

Magistrados consultados aseguraron que varios de los jueces señalados tienen antejuicios abiertos, aunque prefirieron omitir nombres.

Carlos Aguilar, juez segundo Penal, quien fue señalado en el informe, señaló que la Cicig busca presionar a los juzgadores para que sus resoluciones sean acorde a sus intereses y que sean obligados a condicionarlas para que ese organismo no sea expuesto a la opinión pública.

“Los señalamientos en mi contra son porque en varios procesos la Cicig ha solicitado ser querellante, pero ha quedado fuera, por ejemplo, en el caso de los Valdez Paiz”, expresó.

Javier Monterroso, asesor de la fiscal general, Claudia Paz y Paz, explicó a Prensa Libre que aún se analiza determinar a qué fiscalía será asignado el caso, y como consecuencia, hasta la próxima semana se establecerá a dónde se enviará la denuncia que entregó Francisco Dall’Anese, jefe de la Cicig.

“Tenemos que definir la mejor ruta para entrarle al caso y para eso vamos a contar con el apoyo de la Cicig y después le correspondería al OJ decidir —el retiro de la inmunidad—”, afirmó Monterroso.

Al ser consultado sobre si se llenan los requisitos para plantear los antejuicio, enfatizó que “es un informe, y hay algunos de los jueces que aparecen allí a los que ya se les planteó antejuicio, por los mismos hechos que señala la Cicig”, expuso.

Caso exfiscal

En la página 3 publicada ayer se consignó bajo la fotografía de la jueza Dina Ochoa Escribá el caso Rafael Castillo Gándara. Sin embargo, el proceso al que se hace referencia es al seguido contra el exfiscal Carlos de León Argueta, en el cual Castillo Gándara figura como víctima. Ochoa Escribá es una de los 18 juzgadores señalados por la Cicig.

POR HUGO ALVARADO Y BYRON VÁSQUEZ /

“Me sorprende que no aparezcan otros jueces”

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indicó en una entrevista con Prensa Libre que le sorprende que en la lista de la denuncia que presentó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)

al Ministerio Público no aparezcan otros jueces

que han sido señalados en actos anómalos.

¿Cómo observa la acción de la Cicig contra 18 jueces?

Hay una exigencia, un clamor público por depurar los tribunales, porque hay corrupción y compadrazgo.

Yo estoy de acuerdo con la iniciativa de que algo hay que hacer, porque desde los años de 1970  siempre es la misma queja. En algún lugar hay que romper ese círculo.

Yo entiendo que la Cicig tiene elementos probatorios, pero no estoy hablando necesariamente de lo que sería el escenario de un proceso, sino que tiene armados los expedientes que dieron motivo a este tipo de condena o sanción pública.

Porque se oye  que tal juez es corrupto o tal vez otros aceptan dinero. Eso se sabe.

¿Por qué cree que solo aparecen  jueces que fallaron  contra la Cicig?

A veces los jueces tienen que resolver como fallaron, aunque se presuma internamente la culpabilidad de algunos de los procesados, si el Ministerio Público  no lleva  pruebas suficientes.  Todo depende de las pruebas que presente.

Ahora, bien, si la Cicig o el Ministerio Público explican a la opinión pública que en tal caso las pruebas eran estas y a pesar de ellas se dictó sentencia favorable al enjuiciado, allí sí soy el primero que digo: Es un juez ignorante y, sobre todo, corrupto.

¿Cómo considera que no aparezcan otros jueces con tachas?

 En ese contexto de rumores y de cosas de que uno se va enterando, me sorprende algunos que fueron incluidos en la lista, pero me sorprende más que no hayan incluido a otros jueces.

 ¿Qué pasa en el caso de la jueza Verónica Galicia, que era de la Cicig y ahora está incluida en la lista?

Yo sería el primero en censurar a la jueza Galicia, si ella al principio se acomodó, dobló la ley para acomodarla a los intereses muy particulares de la Cicig. Y es sorprendente que ella, que efectivamente era en algún sentido  el estandarte de esta cruzada de la Cicig, o  estaba del lado de los buenos, muy adentro, de repente, la trasladen al lado de los malos. Esto es sorprendente, y yo no entiendo por qué.

¿Cuál sería la posición de los magistrados que tienen que decidir sobre la inmunidad de los jueces?

El hecho de la denuncia pública no tiene ningún impacto procesal. Si detrás de la denuncia está un expediente en donde se explican las irregularidades de cada uno de ellos en particular, eso es claro y motivo para solicitar un antejuicio.

Y le corresponderá a la Corte Suprema declarar el antejuicio en cada caso en particular.

Si hay expedientes donde se demuestre flagrantemente una conducta  ilegal de los jueces, yo sería el primero en declarar con lugar esos antejuicios, en beneficio de aquellos jueces que son buenos, porque la mayoría de los jueces son buenos. Eso es lo que más duele, esa fisura que se está creando en el Organismo Judicial.

¿Y quién está creando esa fisura?

La está creando una declaración pública como esta —la denuncia—, y sin fundamento.  Por qué, porque se generaliza, y realmente hay jueces buenos.

¿Esto quiere decir que presenten los indicios o las pruebas?

Sí, decir que presenten las conclusiones que los llevaron a elaborar los expedientes. Podemos llamarle pruebas.

¿Cree que fue legal la acción de la Cicig?

En opinión mía, sí; porque era solamente una investigación.

No perdamos de vista que aún existen ciertos cuestionamientos jurídicos constitucionales respecto de la actuación de la Cicig. Empecemos por allí. Y que la mayoría de la gente   ha pasado por alto esos cuestionamientos, en atención al fin que se procura.

Como decir: Bueno, tal vez, hubiera algún resabio de inconstitucionalidad o de falta de tecnicismo constitucional, si lo queremos decir  un poco con eufemismo.

Pero no importa, con tal de que la Cicig haga algo, y si le abrimos la entrada con esa implementación de la Comisión en Guatemala, pues no nos quejemos de que algunas actuaciones estén rayadas  en cuestiones de ilegalidad, tomando en cuenta la mayor inmunidad de que goza el director de la Cicig.


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