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30/11/12 - 00:00 Justicia

Cicig denuncia a 18 jueces en el Ministerio Público

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) denunció ayer en el Ministerio Público (MP) a 18 jueces del Organismo Judicial, a quienes señala de fomentar la impunidad y favorecer con sus resoluciones a grupos criminales y corruptos, por lo que pidió que se inicien procesos penales.

Francisco Dall’Anese, jefe de la Cicig, le entregó el documento “Jueces de la Impunidad” a la fiscal general y jefa del MP, Claudia Paz y Paz.

INFOGRÁFICA – Conozca a los 18 jueces señalados por la Cicig

INFORME COMPLETO – Consulte en PDF el documento de la Cicig

El comisionado precisó que las investigaciones arrojaron “evidencias de que han favorecido al poder corrupto y a las estructuras criminales, aunque aclaró que no se tienen evidencias de que los señalados formen parte de esos grupos ni a cambio de qué emitieron los fallos cuestionados”.

En dos partes

El documento consta de 95 páginas en las que recoge los indicios contra los juzgadores.

El informe tardó 18 meses en ser elaborado y en presentarse la denuncia en el ente investigador.

“Jueces de la Impunidad” se divide en dos partes estructurales. En la primera se enumeran los vicios en que incurren los jueces al emitir resoluciones contrarias al Derecho.

En la segunda se señalan los nombres y los casos concretos en que los juzgadores habrían resuelto contrario a la ley.

“Este informe, por lo tanto, no presenta una situación desconocida”, destaca el estudio.

“Su ambición ha sido reportar cómo la falta de decisión y de compromiso, combinada con la permisividad y poca probidad de algunos jueces, han sumido al Poder Judicial en una situación en que se reportan, año tras año, los mismos vicios. Estos problemas, y los jueces que los crean, atentan contra la legitimidad de todo el sistema de justicia”, refiere el documento al que Prensa Libre tuvo acceso.

En otra parte establece que “este informe retoma la idea de que en Guatemala se ha generalizado una impunidad sobre la impunidad misma, pues quienes la provocan rara vez sufren consecuencias por su generación”.

“Los mecanismos disciplinarios y de control de la judicatura han probado ser deficientes y limitan las posibilidades del sistema de depurarse a sí mismo”, sostiene.

Prosigue: “Cuando un juez favorece una estructura criminal o deja en libertad a una persona que debería estar presa se está favoreciendo la impunidad”.

“Nosotros estamos pidiendo que se abran causas penales y se dicte prisión contra estos jueces”, expresó el jefe de la Cicig.

La Comisión hizo un análisis con base en documentos públicos sobre las resoluciones que emitieron los jueces en diversos procesos.

Corresponde ahora al MP revisar las denuncias que contiene el informe y efectuar el trámite correspondiente.

“Los jueces de la impunidad incurrieron en la violación de la ley en sus resoluciones al dictar fallos contrarios al derecho, violaron la ley y favorecieron redes criminales”, señaló Dall’Anese.

Subrayó que no espera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) apoyen o rechacen el informe, sino que “apliquen la ley apegados a Derecho”, aunque advirtió de que se corre el riesgo de que los jueces señalados y otros “aún no mencionados” se “corporaticen” y cierren filas.

Es mínimo

Gabriel Medrano, presidente de la CSJ, informó que es un porcentaje mínimo de jueces los que fueron denunciados.

“Somos más de 900 jueces y magistrados que ejercemos jurisdicción en todo el país, y por ello la denuncia tendrá que seguir su curso normal, basados en la presunción de inocencia”, expresó el magistrado.

Jorge Haroldo Vásquez Flores, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, afirmó que estarán vigilantes del proceso penal que podría iniciarse contra los juzgadores.

“De alguna manera que la Cicig denuncie a los jueces, vamos a estar en alerta y nos sentimos preocupados. Lo que pedimos es que a los profesionales señalados les favorezca un debido proceso, ya que les asiste el principio de inocencia”, expuso.

Vásquez explicó que esperan que se den a conocer los indicios de prueba que se tienen contra sus colegas.

En el documento se establece que los juzgadores podrían haber incurrido en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y colusión.

Este último lo explican de la siguiente manera: Existencia de un pacto tendiente a evitar la comparecencia a juicio profiriendo resoluciones parcializadas en perjuicio de una parte.

“Se tienen suficientes bases para asegurar que lo que cometieron los jueces son delitos y no interpretaciones equivocadas de la ley; de lo contrario se hubiese presentado denuncias por la vía administrativa”, dijo Dall’Anese.

Paz y Paz indicó, en relación con el documento, que el MP lo está estudiando y lo analizará, para determinar las acciones que de este pudieran resultar.

Se defiende

Verónica Galicia, una de las juezas denunciadas por la Cicig, se defendió de los señalamientos.

Respondió que ya lo esperaba. “Es lamentable que estén señalando sin mayor fundamento. En mi caso particular, no entiendo lo que indican”, afirmó.

“Después de haber trabajado tantos años con la Cicig y haber sido considerada la jueza de la Cicig, cómo se dieron cuenta hasta ahora. Cuando trabajé con ellos jamás denunciaron, sino que al contrario, siempre me expresaron el respeto hacia mis decisiones”, expuso.

Agregó: “Es obvio que es personal, porque me atreví a señalar anomalías de ellos”.

La jueza denunció públicamente en su momento que la labor de la Cicig había bajado de calidad y que en las audiencias se adhería a lo que pedía el MP y no hacía el trabajo propio.

POR HUGO ALVARADO /

Emiten conclusiones

El informe “Jueces de la impunidad” plasma  13 recomendaciones.

Cuando se aprecia que el criterio jurisdiccional es intencionalmente sesgado, parcializado o abiertamente contrario a la ley, es constitutivo de prevaricato.

Existen serios vicios en la fundamentación de las decisiones judiciales que restan legitimidad al sistema de justicia y violentan los derechos de quienes participan en un proceso judicial.

Los jueces utilizan el denominado criterio judicial para realizar activismo, es decir, para impulsar sus visiones personales o ideológicas a través de sus sentencias.

Se mantienen deficiencias graves en el análisis de las evidencias. Es común la fragmentación del acervo probatorio y el rechazo de prueba, según razonamientos cuestionables.

La competencia de los jueces es susceptible de ser alterada a conveniencia de las partes, lo que violenta el principio del juez natural y puede poner al sistema al servicio de intereses contrarios a la justicia.

Las recusaciones, excusas o inhibitorias no se entienden por los jueces como mecanismos para asegurar y fortalecer la imparcialidad del proceso y la independencia del sistema.

La forma de evaluación de jueces que se realiza cada cinco años no ha sido eficaz. Los procesos disciplinarios rara vez llevan a la destitución de un juzgador.

Las decisiones de los jueces restan credibilidad al sistema, limitan la actuación de la justicia y debilitan el estado de Derecho y se constituyen en verdaderos gestores de impunidad.

El principal mecanismo para asegurar una adecuada rendición de cuentas es la fundamentación de las sentencias.

El Poder Judicial está obligado, frente a la ciudadanía, a proveer de mecanismos adecuados y efectivos para recibir denuncias contra los jueces, y para identificar y resolver problemas de competencia, faltas disciplinarias y legales.

En aras de la seguridad jurídica, pero respetando la independencia del juez, las cortes superiores deben contribuir a crear doctrinas interpretativas coherentes y consistentes.

El sistema disciplinario de los jueces guatemaltecos carece de credibilidad y capacidad para servir como verdadero mecanismo de depuración de la judicatura.

La difusión de las sentencias y su discusión, por parte  de la sociedad civil y la comunidad académica,  son ejercicios democráticos necesarios para el avance de la justicia.

 

Cicig: “Se cometieron delitos”

Francisco Dall’Anese, afirmó que “se tienen suficientes bases para asegurar que lo que cometieron los jueces son delitos y no interpretaciones equivocadas de la ley, de lo contrario  se hubiese presentado denuncias por la vía administrativa”, precisó.

El comisionado   solicitó al Ministerio Público que se inicien los procesos penales contra los jueces.

CSJ: Minimiza número

Gabriel Medrano, presidente de la Corte Suprema de Justicia, minimizó el número de jueces que fueron denunciados por la entidad internacional.

“Somos más de 900  jueces y  magistrados que ejercemos jurisdicción en todo el país”, expresó.

Solicitó que se lleve el debido proceso con el principio de presunción de inocencia de los señalados.

MP: En proceso de estudio

El informe presentado “Jueces de la Impunidad” se encuentra en el proceso de estudio y análisis a profundidad, para determinar su contenido y las acciones que del mismo pudiesen resultar,  informó  Claudia Paz y Paz, fiscal general. El documento fue presentado ayer en el Ministerio Público para iniciar las pesquisa


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