Prensa Libre

POR HUGO ALVARADO

Francisco Dall’Anese, jefe de la Cicig, le entregó el documento “Jueces de la Impunidad” a la fiscal general y jefa del MP, Claudia Paz y Paz.

INFOGRÁFICA – Conozca a los 18 jueces señalados por la Cicig

INFORME COMPLETO – Consulte en PDF el documento de la Cicig

El comisionado precisó que las investigaciones arrojaron “evidencias de que han favorecido al poder corrupto y a las estructuras criminales, aunque aclaró que no se tienen evidencias de que los señalados formen parte de esos grupos ni a cambio de qué emitieron los fallos cuestionados”.

En dos partes

El documento consta de 95 páginas en las que recoge los indicios contra los juzgadores.

El informe tardó 18 meses en ser elaborado y en presentarse la denuncia en el ente investigador.

“Jueces de la Impunidad” se divide en dos partes estructurales. En la primera se enumeran los vicios en que incurren los jueces al emitir resoluciones contrarias al Derecho.

En la segunda se señalan los nombres y los casos concretos en que los juzgadores habrían resuelto contrario a la ley.

“Este informe, por lo tanto, no presenta una situación desconocida”, destaca el estudio.

“Su ambición ha sido reportar cómo la falta de decisión y de compromiso, combinada con la permisividad y poca probidad de algunos jueces, han sumido al Poder Judicial en una situación en que se reportan, año tras año, los mismos vicios. Estos problemas, y los jueces que los crean, atentan contra la legitimidad de todo el sistema de justicia”, refiere el documento al que Prensa Libre tuvo acceso.

En otra parte establece que “este informe retoma la idea de que en Guatemala se ha generalizado una impunidad sobre la impunidad misma, pues quienes la provocan rara vez sufren consecuencias por su generación”.

“Los mecanismos disciplinarios y de control de la judicatura han probado ser deficientes y limitan las posibilidades del sistema de depurarse a sí mismo”, sostiene.

Prosigue: “Cuando un juez favorece una estructura criminal o deja en libertad a una persona que debería estar presa se está favoreciendo la impunidad”.

“Nosotros estamos pidiendo que se abran causas penales y se dicte prisión contra estos jueces”, expresó el jefe de la Cicig.

La Comisión hizo un análisis con base en documentos públicos sobre las resoluciones que emitieron los jueces en diversos procesos.

Corresponde ahora al MP revisar las denuncias que contiene el informe y efectuar el trámite correspondiente.

“Los jueces de la impunidad incurrieron en la violación de la ley en sus resoluciones al dictar fallos contrarios al derecho, violaron la ley y favorecieron redes criminales”, señaló Dall’Anese.

Subrayó que no espera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) apoyen o rechacen el informe, sino que “apliquen la ley apegados a Derecho”, aunque advirtió de que se corre el riesgo de que los jueces señalados y otros “aún no mencionados” se “corporaticen” y cierren filas.

Es mínimo

Gabriel Medrano, presidente de la CSJ, informó que es un porcentaje mínimo de jueces los que fueron denunciados.

“Somos más de 900 jueces y magistrados que ejercemos jurisdicción en todo el país, y por ello la denuncia tendrá que seguir su curso normal, basados en la presunción de inocencia”, expresó el magistrado.

Jorge Haroldo Vásquez Flores, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, afirmó que estarán vigilantes del proceso penal que podría iniciarse contra los juzgadores.

“De alguna manera que la Cicig denuncie a los jueces, vamos a estar en alerta y nos sentimos preocupados. Lo que pedimos es que a los profesionales señalados les favorezca un debido proceso, ya que les asiste el principio de inocencia”, expuso.

Vásquez explicó que esperan que se den a conocer los indicios de prueba que se tienen contra sus colegas.

En el documento se establece que los juzgadores podrían haber incurrido en los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y colusión.

Este último lo explican de la siguiente manera: Existencia de un pacto tendiente a evitar la comparecencia a juicio profiriendo resoluciones parcializadas en perjuicio de una parte.

“Se tienen suficientes bases para asegurar que lo que cometieron los jueces son delitos y no interpretaciones equivocadas de la ley; de lo contrario se hubiese presentado denuncias por la vía administrativa”, dijo Dall’Anese.

Paz y Paz indicó, en relación con el documento, que el MP lo está estudiando y lo analizará, para determinar las acciones que de este pudieran resultar.

Se defiende

Verónica Galicia, una de las juezas denunciadas por la Cicig, se defendió de los señalamientos.

Respondió que ya lo esperaba. “Es lamentable que estén señalando sin mayor fundamento. En mi caso particular, no entiendo lo que indican”, afirmó.

“Después de haber trabajado tantos años con la Cicig y haber sido considerada la jueza de la Cicig, cómo se dieron cuenta hasta ahora. Cuando trabajé con ellos jamás denunciaron, sino que al contrario, siempre me expresaron el respeto hacia mis decisiones”, expuso.

Agregó: “Es obvio que es personal, porque me atreví a señalar anomalías de ellos”.

La jueza denunció públicamente en su momento que la labor de la Cicig había bajado de calidad y que en las audiencias se adhería a lo que pedía el MP y no hacía el trabajo propio.