Prensa Libre

POR AP Y ACAN-EFE Guatemala

GUATEMALA.- Francisco Javier Dall’Anese, miembro de la CICIG, dijo que los 18 jueces dictaban resoluciones que favorecían a estructuras criminales y sus conexos.
“Cuando un juez favorece una estructura criminal o deja en libertad a una persona que debería esta presa se está favoreciendo la impunidad”, señaló Dall’Anese.      Agregó que el informe había sido presentado a la fiscal general del Ministerio Público para su evaluación y que era su oficina la que debería abrir los procesos penales y pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le retire la inmunidad a los señalados.
“Nosotros estamos pidiendo que se abran causas penales y se dicten prisión para estos jueces. Si la fiscal general decide actuar la Corte Suprema de Justicia de proceso penal y retirar inmunidad”, dijo Dall’Anese.

Investigación comenzó en el 2011

Según la Comisión, el reporte se comenzó ha trabajar desde junio de 2011 y participaron analistas criminales y judiciales internacionales.
Dall’Anese dijo que el informe de 95 páginas se basa en documentos públicos en los cuales se demuestra que los jueces cometieron actos de prevaricato al no resolver casos ni dictar sentencias de acuerdo con leyes nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El documento, denominado “Los jueces de la impunidad” , fue entregado el miércoles a la Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz, reveló DallAnese.
“Espero que después de analizarlo (Paz y Paz) inicie las denuncias y procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia”  para que le sea retirada la inmunidad a los jueces señalados y sean enjuiciados, añadió.

Las investigaciones realizadas por la Cicig arrojaron “evidencias de que”  los jueces “han favorecido al poder corrupto y las estructuras criminales”, argumentó.
Aclaró, sin embargo, que no se tienen evidencias de que los magistrados señalados formen parte de esos grupos criminales ni a cambió de qué emitieron los fallos cuestionados.

Nombre de los jueces
“La pelota está ahora en la cancha de la Fiscalía. Estamos pidiendo que se abran causas penales y que se dicte prisión a estos jueces”, señaló el jefe de la Cicig.
El informe señala directamente a los jueces Mario Fernando Peralta Castañeda y Rossana Maribel Mena Guzmán, de “haber sido captados por estructuras criminales”, y a Julio Gerónimo Xitumul, Irma Leticia Valenzuela, Patricia Anabella Veras y Coralia Carmina Contreras de “favorecer la impunidad”.
Los magistrados Carlos Antonio Aguilar, Silvia Coralia Morales, Artemio Tanchez, Héctor Echeverría, Fausto Corado Morán y Byron de la Cruz, son señalados de “favorecer estructuras criminales que adversan la presencia de la Cicig en Guatemala”.
La Cicig acusa de dictar fallos “que han favorecido a personas vinculadas al poder corrupto”  a los jueces Dina Josefina Ochoa Escribá, Sergio Leonel Castro Romero, Silvia Violeta de León Santos, y Amílcar Enrique Colindres Hernández.
Además, señala a los jueces Verónica Galicia Marroquín y José Eduardo Cojulún, de emitir “resoluciones que han favorecido a un poder difuso”.
El jefe de la Cicig podría constituirse como querellante adhesivo  (acusador) en los procesos judiciales que se inicien en contra de los jueces señalados, “para detener la impunidad”  que éstos han fomentado.
“Esta no es una denuncia que quedará en los archivos. Es una denuncia a la que vamos a dar seguimiento”  hasta que se haga justicia, agregó.
DallAnese subrayó que no espera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia apoyen o rechacen el informe, sino que “apliquen la ley apegados a derecho” , aunque advirtió que se corre el riesgo de que los jueces señalados y otros “aún no mencionados” cierren filas.

Piden retirarles inmunidad
Según la legislación guatemalteca solo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden retirar la inmunidad de un juez para que sean procesados.
Esa decisión la deben tomar en base a un informe elaborado por un juez pesquisidor, quien deberá analizar las denuncias y determinar la existencia de indicios de delito.
La comisión, creada por el secretario general de las Naciones Unidas en 2008, está conformada por investigadores de 25 países y coopera con la fiscalía en investigaciones de corrupción estatal y procesos judiciales en contra de ex mandatarios, así como casos de alto impacto en el país.     
Según un informe presentado en marzo pasado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aún existen índices preocupantes de inseguridad e impunidad en Guatemala debido a la “debilidad generalizada de las instituciones públicas y a la falta de una política estatal para el combate”.