Prensa Libre

POR HUGO ALVARADO

Mynor Franco, presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, informó que se debe investigar la denuncia contra Jisela Reinoso Trujillo, jueza cuarta Penal; Adrián Rodríguez Arana, juez séptimo Penal; Leonel Plácido Gómez Méndez, juez de Trabajo, en Coatepeque, Quetzaltenango, y Delia Bac Alvarado, diputada del bloque de Líder.

Respecto de Reinoso Trujillo, la denuncia fue presentada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por prevaricato, ya que sus resoluciones habrían favorecido en tres procesos a personas sindicadas de lavado de dinero y narcotráfico.

Según la denuncia, Ana Sofía Castañeda Deras, alias la Sirenita, y Luis Arturo Méndez Martínez, investigados por el Ministerio Público por presuntamente se integrantes de una red de lavado de dinero y tráfico de drogas, fueron favorecidos por la jueza.

Reinoso Trujillo les cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario. El segundo caso es porque declaró la clausura provisional del proceso contra José Manuel Cifuentes, el 22 de diciembre del 2011.

El sindicado fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, el 14 de julio del 2011, con US$472 mil 360 en efectivo, cuando intentaba viajar a Panamá sin declararlos, por lo que es señalado de lavado de dinero, perjurio y falsedad ideológica.

En otro caso benefició a José Miguel Espinoza López, Cándido Heberto Cano Camacho, Henry Roberto Camacho, Carlos Manuel Gamboa Godínez, Owen Ariel Maldonado Muñoz y los mexicanos Javier Orta Rodríguez y Jesús Arturo León Álvarez, quienes fueron capturados en la zona 10, con US$500 mil, el 16 de enero de 2012.

Al grupo se le cambiaron los delitos de lavado de dinero y conspiración, por encubrimiento propio, por lo cual recobraron su libertad con el pago de una fianza de Q5 mil.

Otra denuncia

En el caso de Rodríguez Arana, la Cicig lo denunció por prevaricato.

El 5 de junio del 2011 fueron detenidos en el aeropuerto La Aurora los colombianos Duvan Yesid Baena Vargas y Lina Fernanda Perdomo, con US$48 mil 127, los cuales pretendían sacar del país sin declararlos legalmente.

El juzgado de turno ligó a los dos sindicados por el delito de lavado de dinero y los envió a prisión preventiva.

El 7 de julio del 2011, el juez Rodríguez Arana modificó el delito por trasiego de dinero y los señalados quedaron en libertad luego del pago de una fianza de Q60 mil.

El 22 de mayo del 2010, las autoridades capturaron en el aeropuerto La Aurora a la estadounidense Marie Magdalena Stahl Hurtado, con US$435 mil 762.

El juzgado de turno le había dictado prisión preventiva por lavado de dinero, pero después el juez Rodríguez Arana otorgó la libertad a la sindicada, y el 29 de marzo del 2011 ordenó el archivo definitivo del caso y la devolución del dinero.

El ecuatoriano Manuel Hernán Jativa Sotomayor fue capturado el 29 de abril del 2010, en el aeropuerto La Aurora, cuando pretendía sacar de manera ilegal US$134 mil 570.

El juzgado de turno ligó a proceso al sindicado por el delito de lavado de dinero y lo envió a prisión preventiva.

El 14 de junio del 2010, el juez Rodríguez Arana les dio arresto domiciliario y recobraron su libertad con el pago de una fianza de Q800 mil.

La diputada

Bac Alvarado fue denunciada por Juan Carlos Garrido López, funcionario de la Municipalidad de Mixco, ya que cuando hacían trabajos ediles en la carretera a San Juan Sacatepéquez, la diputada atravesó su vehículo y amenazó con arma de fuego al denunciante para que la dejara pasar.

Es señalada de amenazas, usurpación de funciones, abuso de autoridad y atentado.

Leonel Plácido Gómez Méndez, juez de Trabajo de Coatepeque, Quetzaltenango, es acusado de haber amenazado a su colega Marvin Benjamín Castillo Barrios, presidente del Tribunal de Sentencia de ese municipio.

Como juez pesquisidor fue nombrado Manfredo López Fuentes, magistrado segundo de la Sala Quinta de Quetzaltenango.