Prensa Libre

POR ANA LUCíA GONZáLEZ

La gravedad de los delitos también llama la atención, pues la mayoría de los menores está acusada de robo, robo agravado, homicidio, asesinato y amenazas. “Prácticamente se ven los mismos delitos que en los juzgados de adultos”, indica la jueza de Menores María Eugenia Castellanos.

Según estadísticas del Organismo Judicial, un promedio de 71 casos han sido asignados a los juzgados cada mes, en lo que va del año. En el 2009, los casos de menores recibidos en los juzgados Primero y Segundo de Niñez y Adolescencia fueron, en promedio, 65 mensuales.

Ambos juzgados atendieron 787 casos en el 2009; hasta el miércoles último, eran 643.

Uno de los más impactantes ocurrió el 15 de abril de este año, cuando un niño de 13 años fue capturado por haber asesinado a una mujer cuando llevaba a sus hijas al colegio, en la zona 5. Él confesó que le ofrecieron pagarle Q100 por ello.

El 30 de agosto, cuatro menores fueron detenidos por haber participado en el ataque con granada contra una estación de la Policía, en la zona 16.

Mayor incidencia

El estudio Diagnóstico de la violencia juvenil en Guatemala, editado por María del Carmen Aceña, indica que en 1999 la tasa de homicidios se situaba en 26 por cada cien mil habitantes. A partir de es época se han incrementado. En el 2008, esa cifra ascendió a 46.

El estudio evidencia, además, que las víctimas de homicidios son en su mayoría varones, y la mayor cantidad de esos delitos se comete en áreas urbanas.

“Se ha incrementado la violencia porque cada vez más jóvenes están implicados como sicarios”, explica la jueza.

Una ley específica

Los jóvenes están amparados por la Ley de Protección a la Niñez y la Adolescencia, que establece que la condena máxima para ellos son seis años, y si son menores de 15 años, la sanción mayor es de dos años, ello “aunque sea un femicidio o un asesinato”, comenta Castellanos.

Tales castigos reducidos los hacen proclives a ser utilizados por adultos para cometer actos ilícitos. “La Convención nos está marcando la pauta; no solo a los jueces, sino al Estado de Guatemala, para tratar a estas personas como niños”, sostiene Castellanos, quien cree que los adolescentes pueden distinguir entre el bien y el mal.

Factores desencadenantes

Las causas más inmediatas por las que estos jóvenes incurren en delitos es porque esa es la única forma de escalar dentro de las gavillas a las que pertenecen.

Otra de las causas es la desintegración familiar. “Cuando conozco los informes psicológicos y sociales, me indican a quién tengo enfrente y cuáles fueron los motivos que lo llevaron al hecho”, explica Castellanos. Ahí es donde se da cuenta de cómo ha fallado el Estado, pero también los padres. “Corrige a tu hijo, y te dará descanso”, cita la jueza.

¿Rehabilitar?

Las sanciones que estos jóvenes reciben pueden determinar que sean con régimen semiabierto o cerrado, y que tengan mejor acceso a los programas de reinserción social.

Por ejemplo, el régimen semiabierto les permite un contacto controlado con la sociedad. Castellanos refiere que antes de emitir una sanción, trata de que esta vaya encaminada a buscar la reinserción social y familiar. “El 99 por ciento son personas rescatables. Con solo prestarles atención y que se les trate con dignidad, ellos responden”, asegura.

Sin embargo, para una jueza que trabajó durante varios años con menores y que pidió no ser citada, los programas de rehabilitación no funcionan, puesto que muchas veces cuando los jóvenes egresan del penal, ya adultos, salen con sentimientos de odio. “Tenían un programa de educación por televisión, pero destruyeron los aparatos”, ejemplifica.

Castellanos contradice: “Lo único que quieren es una oportunidad”.