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17/07/13 - 00:00 Justicia

Décima captura por masacre en Salcajá, Quetzaltenango

Francisco Trinidad Castillo Villatoro, alias el Carnicero o el Cebo, fue capturado ayer en la 6a. avenida parcelamiento La Alameda, zona 1 de Chimaltenango, sindicado de haber participado en la masacre perpetrada contra ocho policías en Salcajá, Quetzaltenango, el 13 de junio último.

A este y a otros detenidos las autoridades los señalan de haber matado y desmembrado al subinspector policial César Augusto García Cortez, secuestrado por el grupo armado el día en que ocurrió la matanza.

Castillo Villatoro es el décimo capturado por esa masacre, ya que el domingo último fueron aprehendidas nueve personas de la banda criminal que se autodenomina Cartel del Golfo y que opera en La Mesilla y La Democracia, Huehuetenango.

Los servicios de inteligencia lo localizaron desde el sábado último en Chimaltenango, donde participó en un desfile hípico.

“El Carnicero es un sicario, un matón igual que los otros. Es un carnicero de oficio. Esta estructura de narcotraficantes es la más brutal que hemos conocido, y tiene responsabilidad en muchos asesinatos”, dijo ayer el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

El funcionario añadió que desde el desarrollo de la operación Dignidad, el objetivo era capturarlo.

Suponen que Castillo Villatoro se enteró de los allanamientos el domingo último, y ya no se movió de Chimaltenango, adonde llegó con un caballo de su “jefe”, Eduardo Francisco Villatoro Cano, para participar en el desfile.

“Esta persona pertenece a la estructura que buscamos en Huehuetenango”, aseguró López Bonilla.

Bajo fuertes medidas de seguridad, la Policía llevó a Castillo Villatoro, por la tarde, al Juzgado de Chimaltenango, y una hora después lo trasladó a la cárcel de máxima seguridad de Fraijanes.

El lunes último, los vecinos de Chimaltenango se sorprendieron cuando observaron a hombres armados rodear el inmueble donde se produjo la detención.

Agentes de la Comisaría 73 acudieron al lugar y comprobaron que se trataba de un operativo a cargo de un comando especial de la misma institución policial.

Jorge Nery Cabrera, director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, dijo que las armas decomisadas a los sindicados, las cuales supuestamente fueron usadas en la matanza cometida en Salcajá, también pudieron haber sido utilizadas en otros ataques, aunque aún no determinan en cuáles.

Región dividida

La Fiscalía contra la Narcoactividad afirmó que en Huehuetenango y Quetzaltenango operan varias estructuras que trafican drogas, armas y a personas.

La región se encuentra dividida entre los carteles mexicanos del Golfo y Sinaloa, que se disputan el territorio, y en menor medida por el grupo armado de los Zetas.

La fuente asegura que el de Sinaloa tiene más poder, debido a su amplio despliegue en Guatemala.

El grupo de los Zetas está, en su mayoría, desarticulado, dijo un fiscal, y según un investigador, aún existen pequeñas células dedicadas a trasladar y resguardar droga desde el sur del país hacia México.

Siguen los operativos

Las autoridades informaron que continúan los operativos en Huehuetenango, en busca de más integrantes de la estructura que masacró a los ocho agentes.

Según López Bonilla, la hipótesis más posible es que los sindicados creyeron que el subinspector policial era responsable del robo de dinero.

El funcionario agregó que rastrean toda el área y que investigarán en todas las propiedades que tiene la red.

Son diez las personas que han sido capturadas por la matanza, entre ellas, dos mujeres. El Ministerio Público dijo el domingo último que las órdenes de detención contra la presunta estructura criminal son por asesinato, asociación ilícita, robo agravado y secuestro.

Los detenidos el domingo último en 33 allanamientos efectuados en La Mesilla y La Democracia, Huehuetenango, son: el agente de la Policía Nacional Civil Milson Fredy García Chávez, así como Émerson Emanuel Villatoro Cano, Delmar Dagoberto Calderón Villatoro, alias el Gringón; Augusto Chavarría Guerra, alias el Güero; Bacilio Pacay, alias el Bazuka, Jeremías Rax Chú, Ricardo Huitz, María Isabel Sales López y Sandra Amarilis Bedoya Morales.

POR LA REDACCIóN /

Quién es el sindicado

Francisco Trinidad Castillo Villatoro, de 31 años, apodado el Carnicero, ya que  ese es su oficio, aunque dentro de la estructura lo conocen como el Cebo.  

Es un hombrecasado, con domicilio en Candelaria, La Democracia, Huehuetenango, donde la Policía efectúa  operativos.

Tiene registradoa su nombre un picop 2003, color gris.

La Policía  investiga  una cuenta monetaria a su nombre en un banco del sistema  nacional.

Matanza

Banda discutió tras muerte de policía

Los integrantes de la banda  que se autodenomina Cartel  del Golfo  tuvo altercados después de  la muerte del subinspector César Augusto García Cortez, debido a que temían que eso los delatara, reveló un investigador.

Una fuente del Ministerio Público (MP) dijo que por medio  de la investigación se logró establecer que el grupo estaba dividido, pues, incluso, hubo señalamientos y fuertes expresiones entre ellos por este crimen.

La banda, agregó la fuente, es liderada por   Francisco Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo.

Inacif confirma muerte

El director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Jorge Nery Cabrera,  confirmó ayer la muerte del subinspector García Cortez, quien fue secuestrado el 13 de junio último  cuando un grupo armado mató  a ocho policías de la estación de Salcajá, Quetzaltenango.

Agregó que el análisis de los restos humanos encontrados el 19 de junio en el cauce del río Valparaíso, en Huehuetenango, determinaron que pertenecen a García Cortez. Detalló que los tres dedos fueron estudiados  por medio de  las huellas dactilares, mientras que el intestino,  parte del cerebro y un  brazo,  por el ADN de los familiares.

También mencionó Cabrera que al momento del hallazgo los restos  tenían entre 24 y 36 horas de haber sido dejados   en el  lugar.

El funcionario explicó  que a pesar de las pruebas   no se puede constatar la causa de la  muerte del agente.

Por la investigación

El MP señala que para no afectar la investigación no se ha hecho oficial  la muerte del subinspector, pero  se hará pública  en el momento procesal oportuno.

 El único que ha reconocido  la muerte de   García Cortez  es el presidente Otto Pérez Molina, no así el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

Investigadores de la Policía expresaron que no pueden asegurar si el  subinspector está muerto porque oficialmente el Inacif no  lo ha indicado, y la única información que tienen es que los tres dedos que aparecieron le  pertenecen a García Cortez.    

Aseguraron   que ignoran la información que tiene el MP de los  restos localizados siete días después de la masacre y el plagio, y  que el caso está en reserva, por lo que no pueden dar  más datos.

Al consultar a policías  sobre los familiares de García Cortez,  evitaron pronunciarse al respecto, por lo que no se pudo contactarla  para conocer si ya les brindaron información.

Proceso

MP pide  trasladar expediente

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió ayer una solicitud de la Fiscalía para que el expediente de las pesquisas por la masacre en Salcajá, Quetzaltenango, pase a un juzgado de Mayor Riesgo.

La petición se hizo con el argumento de que   el proceso en una judicatura de competencia ampliada puede ofrecer mayores medidas de seguridad a los operadores de justicia y sindicados.

Tal solicitud se deriva de la poca seguridad que reciben los operadores de justicia en Quetzaltenango,  donde el juez Primero de Instancia Penal, quien libró las órdenes de captura, tuvo que salir del país y envió  junto a las órdenes  una solicitud para que   los detenidos rindieran su primera declaración en la capital.

El Centro de Justicia de ese departamento cuenta con seguridad del Organismo Judicial y de la Policía Nacional Civil, además de guardaespaldas para algunos jueces, y aunque aún  es escasa,  no han solicitado más protección, según Gabriel Medrano, presidente de la CSJ.

Medrano opina que  el  caso debe llevarse en un juzgado de mayor riesgo.

El presidente de la CSJ afirmó que los  Q75 millones que ese organismo tiene para seguridad son insuficientes, pues han tenido que contratar a más agentes y esperan que el número llegue a 260 a finales de año.



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