Prensa Libre

POR BYRON ROLANDO VáSQUEZ Guatemala

Solano Barillas, exintegrante de la Organización del Pueblo en Armas (Orpa), fue detenido en la 12 avenida y 6a. calle A, colonia Quinta Samayoa, zona 7, a inmediaciones de la escuela en donde imparte clases.

Después de la captura fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia Penal de Chimaltenango, en donde se encuentra el caso, que se sigue también contra otras cuatro personas.

La denuncia fue promovida hace un año y tres meses por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en el Ministerio Público (MP), contra  exguerrilleros, por aquella masacre.

Los sindicados son Sandra Chávez Gálvez, alias la capitán Ana; Luis Antonio Santa Cruz, alias Santiago; Pedro Palma Lau, alias Pancho, en ese entonces comandante del grupo, y Jaime Aurelio Tun Luch, alias capitán Hernán.

A este último un  juzgado de instancia de  Chimaltenango le dio el 24 de mayo del 2001 la oportunidad de acogerse a la Ley de Reconciliación Nacional, por estar sindicado de un delito cometido durante el conflicto armado interno —genocidio militar, agrupación ilegal y plagio—.

Los hechos

Según la investigación del MP, Solano Barillas comandaba una patrulla de 10 guerrilleros de la Orpa cuya misión era explorar y abastecerse de equipo y comida en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. 

 La masacre se cometió el 24 de noviembre de 1988, después de que retuvieron al pastor evangélico Antonio Olivares Blanco, junto con otras 19 personas que buscaban al comisionado militar Carlos Humberto Guerra Callejas, quien había salido tras unas vacas en dirección al paraje Astillero de San Isidro.

Consta en el informe de la Memoria Histórica que los guerrilleros consideraban a los pobladores de El Aguacate como colaboradores del Ejército.  Y para evitar que  los delataran, decidieron ejecutarlos, incluido el subversivo Nicolás Chiquibal Petzey, alias Mijangos, a manos de sus propios compañeros.

Mario Polanco, del GAM,  manifestó que se sienten satisfechos, y eso demuestra que esa organización busca la justicia.

Eleodoro Sal Siquinajay fue el primer procesado por ese caso en 1989, pero por falta de pruebas fue sentenciado a dos años por portación ilegal de armas y militancia en agrupación ilegal, según el documento de la Memoria Histórica.