Prensa Libre

POR SONIA PEREZ D. Agencia AP

CIUDA DE GUATEMALA  — Reyes Collin Gualip, Manuel Pop Sun, Carlos Antonio Carias, y Daniel Martínez son acusados por la fiscalía de delitos contra la humanidad y hurto agravado ante el Tribunal Primero de Alto Impacto de Guatemala.

El ministerio Público señala en su acusación que son responsables de 201 asesinatos perpetrados en la comunidad Las Dos Erres, en el departamento de Petén, a unos 500 kilómetros al norte de la capital, el 7 de diciembre de 1982.

Julio Zúñiga, abogado defensor de Collin Gualip, dijo que espera que se dé un juicio justo y se respeten las garantías procesales de los procesados.

Los militares llegaron a la aldea en busca de 21 fusiles que la guerrilla, que operaba en la región, les había robado días antes. No encontraron las armas, pero acusaron a la población de colaborar con los rebeldes y mataron al menos a 250 personas y desterraron a cientos más, según los registros judiciales.

Al exhumar fosas clandestinas localizadas en la comunidad se recuperaron los restos de 167 personas.

La matanza es uno de los casos descritos en el informe de una Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) instaurada por las Naciones Unidas después que el gobierno y las guerrillas firmaron en 1996 un tratado de paz que puso fin a 36 años de conflicto armado interno, que dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos.

El informe "Guatemala: Memoria del Silencio" relata, con base a la descripción de sobrevivientes o de testigos anónimos, que "todos los menores fueron ejecutados con golpes de almádana en la cabeza, mientras a los más pequeños los estrellaban contra los muros o los árboles, sujetándoles de los pies; luego eran arrojados al pozo".

Después de liquidar a todos los niños, la patrulla militar ejecutó uno por uno a los adultos, también asestándoles golpes con la almádana en la cabeza y lanzándolos al pozo. "A las mujeres embarazadas les provocaron abortos como consecuencia de los golpes recibidos", detalla el informe.

Al terminar el exterminio, los militares incendiaron las casas, maquinaria agrícola y prácticamente desaparecieron físicamente a la comunidad, según la CEH.

Como responsables fueron señalados integrantes de una unidad de "kaibiles" , militares adiestrados en uno de los cursos más rigurosos y extremos como comandos antiinsurgentes.

La exhumación de los restos de las víctimas de la matanza reveló que fueron asesinados por lo menos 67 niños menores de 12 años y otras 24 víctimas fueron mujeres. La comisión de la ONU identificó a un total de 178 víctimas y los antropólogos forenses que desenterraron la fosa común dijeron que había restos de por lo menos 162 individuos. Trabajos posteriores dieron con cinco cuerpos más.

La comunidad era habitada por campesinos mestizos que en los años setenta migraron desde el este del país hacia esa zona del norte a trabajar en haciendas.

Sobrevivientes de la masacre pasarán al estrado a lo largo del juicio para rendir su testimonio, también declararán la fiscal general Claudia Paz y Paz y el ex ministro de Defensa Eduardo Arévalo Lacs.

Más de 100 asistentes se congregaron en la audiencia, entre los que se cuentan varios embajadores, ex militares y familiares de los desaparecidos.

El Tribunal mantiene una video conferencia transmitida en internet con la Procuraduría General de la República de México desde donde varios testigos darán su testimonio de los hechos.