Prensa Libre

POR AGENCIA AP Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA.- Durante una ceremonia, el diplomático dijo que “el acto es una muestra del compromiso del gobierno de España con la seguridad y la justicia de Guatemala”.

Según un comunicado de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el gobierno español suscribió un adendum con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo mediante el cual aumentará su aportación en el equivalente a unos 1.2 millones de dólares.

El principal benefactor de los fondos es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo auspiciado por Naciones Unidas para perseguir las mafias y aparatos clandestinos de seguridad.

“Me complace anunciar la contribución de mi país de casi un millón de euros (unos Q10.2 millones) para el apoyo a la comisión”, resaltó Lejarreta.

Hasta el momento, el gobierno español ha contribuido con Q77.5 millones desde el inició de la Cicig en Guatemala.

El acuerdo fue firmado por las partes en el acto, en el que estuvieron presentes el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, la jefa de Corte Suprema, Thelma Aldana, y la Físcal General Claudia Paz y Paz.

Francisco Dall’Anese, comisionado de la Cicig, agradeció el aporte español y afirmó que la comisión seguiría apoyando las investigaciones del Ministerio Público.

“El mensaje de la parte de España es muy estimulante para la función que ejerce la Cicig con el Ministerio Público en Guatemala. Nos consta que el páis avanza en la lucha contra la impunidad, pero el esfuerzo no puede tener tregua”, dijo Dall’Anese.

El presidente Otto Pérez Molina afirmó en la víspera que tiene la intención de prorrogar por dos años más el mandato de la comisión, que vencerá en septiembre del 2013.

La Comisión coopera con la fiscalía en investigaciones de corrupción estatatal y procesos judiciales en contra de exmandatarios, así como casos de alto impacto en el país.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad fue establecida por la secretaria general de las Naciones Unidas en 2008 con el fin de apoyar a las instituciones judiciales de Guatemala a desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.