Afirmó: “Esta modalidad viene desde las prisiones y en la Torre de Tribunales. Ustedes se han dado cuenta de que ellos —reos— están pasando información a través de papeles o botecitos para dar órdenes para extorsionar a la gente y dar instrucciones criminales”.

Ruiz señaló: “En este momento este fenómeno acaba de empezar. La fiscal general —Thelma Aldana— nos está instruyendo para implementar un plan ofensivo contra las extorsiones, en el cual tienen que participar todas las instituciones del sector justicia, para enfrentar este flagelo”.

El funcionario del MP  indicó que básicamente uno de los puntos que ha frenado la persecución penal es la falta de presupuesto. En el 2014 el plan de gasto fue de Q1 mil millones y solo se otorgaron Q733 millones, por lo que  Finanzas no nos entregó Q267 millones.

“Por el momento no se tienen casos concretos. De alguna manera se tendrá que investigar bajo esta nueva línea a todas las personas que llegan a los centros de privación de libertad y determinar qué está pasando. En el momento que exista una muerte o un ataque iremos hacia atrás para ver quién fue la persona que llegó a traer alguna instrucción”, advirtió.

Al cuestionarle sobre si abogados estarían implicados, dijo que no lo podía asegurar, ya que esta modalidad empieza y no tienen cuantificación. “No tenemos datos. Tenemos el conocimiento y se va a investigar”, aseguró.

Sin Bloquear Señal

El funcionario del MP manifestó que la falta de bloqueo en los centros carcelarios causa que las extorsiones continúen desde esos lugares.

“Básicamente falta mucho por lograr el bloqueo de las señales de celulares, lo cual es importante para nosotros en el combate de extorsiones”, dijo.

Durante una actividad en la bancada legislativa de Encuentro por Guatemala se dio a conocer que solo cinco, de 16, centros de privación de libertad tienen bloqueada la señal de algún operador. En ese sentido, Tigo tiene restricciones en cuatro centros, y las otras dos empresas están pendientes.

Mientras, en cuatro correcionales, donde se recluyen a menores, solo la empresa Claro tiene bloqueado el servicio; las otras dos empresas aún no lo hacen.

Descifran mensajes

El 12 de febrero del año pasado Prensa Libre publicó que integrantes de la Mara 18 que se encuentran en prisión utilizan a sus jainas —novias— y convivientes como mensajeras en un sistema denominado “las nubes”, donde se utiliza el método alfanumérico —un número acompañado de una letra del abecedario—, así como un pedazo de papel para enviar órdenes a los que están libres, para que  extorsionen, maten y cometan atentados.

Diana Fernández, analista de la Dirección de Incidencia Pública, de la Universidad Rafael Landívar, dijo que así como se va combatiendo el crimen, este tiende a mutar  o evolucionar.

“La conducta delictiva también se adapta a nuevas circunstancias. Por un lado se les está obstruyendo la señal de teléfono, por lo que buscan una nueva forma de seguir delinquiendo”, expuso.

 Se intentó  hablar con  Acisclo Valladares Urruela, presidente de la Gremial de Telecomunicaciones de Guatemala, para conocer su postura sobre el incumplimiento de la Ley, pero no se obtuvo respuesta. Similar situación se dio con Eddy Padilla, superintendente  de Telecomunicaciones, para verificar si alguna de las empresas ya fue multada por incumplir con la normativa, pero no contestó.

Telefonía

Vecinos afectados por falta de servicio

Usuarios  de telefónicas que residen en los alrededores de los centros de privación de libertad se quejan de que el servicio de teléfonos celulares e internet es pésimo, debido a que han resultado afectados por el bloqueo de la señal en las cárceles.

En enero, pobladores cercanos a la cárcel El Boquerón, Santa Rosa; Cantel, en Quetzaltenango, y de Puerto Barrios, en Izabal, señalaron  que no cuentan con servicio de telefonía celular, lo cual les ha causado malestar. Señalaron que en lugar de que el bloqueo sea para los reclusos, son los vecinos los que resultan afectados.

Los vecinos señalaron que por el momento no pueden hacer llamadas, en especial las de emergencia, por lo que solicitan a las empresas de telefonía que les den una solución a este inconveniente que están afrontando.

Residentes aledaños a la prisión ubicada en Fraijanes, quienes también habían  resultado afectados por la mala conexión, aseveraron que no podían hacer ni recibir llamadas, y el internet no tenía señal. Sin embargo, esto fue resuelto por las empresas.

Por el momento se desconoce el número de de personas afectadas por el bloqueo de la señal en las prisiones, aunque de varias de estas aún salen llamadas.

Juicio

Ligan a reos a otro proceso

El Juzgado Quinto de Instancia Penal ligó a proceso y envió a prisión preventiva a seis integrantes  de la célula Crazy Brothers del Barrio 18.

A través de escuchas telefónicas el Ministerio Público logró establecer que desde la cárcel de Fraijanes los reos planificaban y ordenaban  ataques contra el transporte urbano, comercios y empresas de bebidas gaseosas, a quienes les exigían Q54 mil al mes por extorsión.

Los procesados son  Rudy Augusto Ortiz Morales, alias Smurf, condenado a 127 años de prisión  por el asesinato de tres personas.

Así como   Wilson  Hernández,  Mario Chun, Juan  Galicia, Yordi Lobos Flores y Elizabeth Bran Sandoval.

Incumplimiento de norma

Las empresas de telefonía no cumplen con bloquear la señal de celulares.

Qué debe pasar

La ley establece normas que impiden telecomunicaciones no autorizadas en centros del Sistema Penitenciario y correccionales.

Los operadores  de redes de telefonía móvil en el país  deben implementar soluciones técnicas para que desde los centros de prisión preventiva, de condena o correccionales se evite tráfico de telecomunicaciones móviles.

22 cárceles y cuatro correccionales están en funcionamiento. Se reportan seis mil extorsiones al mes y 2 mil 370 teléfonos incautados en el 2014.

Aún sin solución

Las empresas  de telefonía siguen sin cumplir con el bloqueo de la señal de celular en los centros de privación de libertad.

Se desconoce  quiénes ingresan los celulares en las cárceles, lo cual persiste.

Ahora los reos entregan papelitos con órdenes criminales a particulares que los llegan a visitar en prisión y en la Torre de Tribunales.

Los agentes del Sistema Penitenciario permiten que los reos utilicen teléfonos en juzgados y tribunales.