Prensa Libre

POR CLAUDIA ACUñA

En la sentencia del 24 de agosto último los magistrados citan el artículo 35 de la Constitución que “reconoce que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa […] y que no constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Esa sentencia se desprende del amparo interpuesto por Espada contra el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, que desestimó la querella del vicemandatario contra Díaz-Durán.

La columnista señaló a Espada de estar vinculado, de alguna manera, con la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, en un artículo que tituló“El beso de Espada”, publicado el año pasado.

El fallo añade que será un jurado el que debe conocer y determinar si existe delito o falta, por lo que al sentirse ofendido, Espada tiene la vía libre para promover un juicio de jurado.

Los magistrados concluyeron que el “amparo es notoriamente improcedente”, y la CC confirmó la sentencia del tribunal, pero con una modificación: Espada deberá pagar las costas procesales, mientras que sus dos abogados fueron multados con Q1 mil cada uno.

Además, el 30 de julio último, la CC rechazó un amparo de Díaz-Durán contra Espada, porque este interpuso una querella a título personal y no como funcionario público.

Para que esto último se diera se deben reunir las características de un acto unilateral, imperativo y coercitivo.

“No podemos respaldar una garantía constitucional violentando otra”, explicó el magistrado Roberto Molina, presidente de la CC, es decir, que no se puede violar el derecho de petición que tiene Espada como persona, a quien un tribunal le recordó que la columnista tiene derecho de expresarse libremente.