Prensa Libre

POR HUGO ALVARADO

Los nueve fueron hallados culpables de contrabando aduanero y asociación ilícita, y absueltos de obstrucción de la justicia.

El Tribunal también los sentenció a pagar una multa de Q1.7 millones, la cual deben hacer efectiva entre todos, lo que significa que cada uno tendría que entregar Q193 mil 185.

Los condenados son José Alfonso Cruz Valdez, asignado a la Comisaría de Jutiapa, a quien le informaban sobre el paso de cisternas por la frontera; el agente Amílcar René Franco Rivera y el inspector Lile Castañeda Sandoval, ambos asignados a la subestación de Ciudad Pedro de Alvarado, del mismo departamento.

También el oficial segundo JoséÁngel Véliz Valdez y el subcomisario Luis Franco González, asignados a la Comisaría de Cuilapa, Santa Rosa.

Además, el comisario Érick Noé Palacios López, de Escuintla; el jefe del Distrito Sur, Fredy Fernando López Trabanino; los agentes Lorenzo Hurtado Corado, de la Comisaría 15, y Rodolfo Mardoqueo Chojolán Herrera, de la Comisaría de Quetzaltenango.

Según la investigación del Ministerio Público se logró establecer que en el país ingresó en promedio un millón de galones de combustible y que esta banda evadió unos Q45 millones en impuestos.

El producto lo hacían entrar como aceite mineral, luego lo pasaban por las jurisdicciones a su cargo en un procedimiento llamado “cordillera”. Los policías de Jutiapa le entregaban el combustible a la estructura de Santa Rosa, que lo llevaba a Guatemala y lo distribuía en gasolineras donde lo vendían.

Las pruebas

Entre las pruebas a las que los jueces les dieron valor probatorio se encuentran escuchas telefónicas, en las cuales los policías se comunicaban con personas particulares para coordinar el resguardo de las pipas en el país.

En las conversaciones se estableció que hablaban en clave para no ser detectados.

Durante la investigación de este caso fueron analizadas más de 30 mil llamadas telefónicas y actuó como querellante adhesivo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

El Tribunal validó las declaraciones de testigos y peritos que explicaron la forma en que operaba esa organización criminal en el robo de gasolina, así como pruebas documentales consistentes en declaraciones falsificadas de importación de gasolina que fueron halladas en allanamientos, donde las autoridades también localizaron bombas, armas de uso exclusivo del Ejército y de fuerzas de seguridad, marchamos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y sellos falsos de notarios, con los que elaboraban documentos ilegales.

Integración

La estructura estaba formada por empresarios, policías, expolicías y personas vinculadas con la SAT, quienes se encargaban de los contactos en El Salvador y México. La red ingresó de manera ilegal combustible del 2008 al 2012.

Los sentenciados, integrantes de la estructura criminal, facilitaban el paso del combustible que ingresaba de manera ilegal en el país por la aduana de Ciudad Pedro de Alvarado, desde El Salvador a la ciudad de Guatemala, para su comercialización.

Por ese caso están pendientes de juicio otras 12 personas, entre ellas Daniel Ac Cuquej, agente policial, quien fue capturado por las autoridades a finales de diciembre del 2012.