Prensa Libre

POR ACAN-EFE Guatemala

GUATEMALA.- El Gobierno anunció este miércoles que no reconocerá los fallos del tribunal regional en casos ocurridos antes de marzo de 1987, apoyado en una “reserva”  hecha por el Estado y en vigor desde esa fecha.

“El Estado de Guatemala está obligado a acatar los fallos de la Corte y no debe ni puede jurídica ni políticamente discutirlos”, dijo Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, una de las principales querellantes de demandas contra el Estado guatemalteco ante la Corte IDH.

Por medio de un “acuerdo gubernativo” o decreto ejecutivo el Gobierno guatemalteco no puede “pretender pasar por sobre el sistema interamericano”, ni “decirle a la Corte (regional) qué es lo que debe de hacer o dejar de hacer”, explicó Mack.

El que el Estado pretenda desconocer los fallos de la Corte IDH basado en una “reserva”  es una medida “ilegal”, que “viola y lesiona las normas básicas del derecho internacional”  y fomenta la impunidad, añadió la activista.

La decisión del Gobierno guatemalteco apareció en un acuerdo oficial o decreto firmado por el presidente Otto Pérez Molina y publicado este miércoles en el Diario Oficial.

Según el decreto, la “reserva”  aprobada por el Estado en 1987 “no ha sido interpretada adecuadamente”  por la corte regional, que desde 1996 hasta ahora ha sentenciado a Guatemala por 28 casos de violaciones a los derechos humanos, la mayoría ocurridos antes de 1987.

“Corresponde hacer una aclaración interpretativa de dicha reserva para su comprensión y aplicación conforme a la voluntad del Estado, en armonía con el ordenamiento jurídico internacional y con los compromisos de Estado derivados de la aprobación y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, señaló el documento oficial.

Añadió que “la competencia de la Corte Interamericana de Justicia es exclusivamente para hechos cometidos con posterioridad al 9 de marzo de 1987”.

“En caso de hechos o delitos continuados, el principio de ejecución o conducta originada debe haber sucedido con posterioridad al reconocimiento de esa competencia”, indicó el acuerdo ejecutivo.

Juan Francisco Soto, abogado del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos,  (CALDH), en declaraciones a medios locales, dijo que la intención del Gobierno es “denegar la justicia” a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Ejército durante la guerra interna de 36 años.

En la misma línea se pronunció Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, al señalar que la medida “fomenta la impunidad”  y trata de beneficiar a los militares procesados por los excesos cometidos durante la guerra.

Fuentes de la Presidencia guatemalteca que pidieron el anonimato dijeron que el artífice de la decisión fue el titular de la Secretaría de la Paz, el abogado ultraconservador Antonio Arenales, quien ha cuestionado los fallos de la Corte IDH que han condenado al Estado guatemalteco por casos de desapariciones forzadas.

Según ha dicho Arenales, Guatemala no puede ser condenada por ese delito debido a que el mismo no formaba parte de la legislación local al momento de haber ocurrido los hechos.

En noviembre pasado, la Corte IDH condenó al Estado guatemalteco por la desaparición forzada del líder estudiantil y sindical Edgar Fernando García, perpetrada el 18 de febrero de 1984 por un grupo de agentes de la desaparecida Policía Nacional, así como por el caso conocido como “Diario Militar”.

Se trata de un documento elaborado entre agosto de 1983 y marzo de 1985 por una unidad de la Inteligencia Militar que contiene un registro de operativos represivos como secuestros, detenciones secretas y asesinatos e información sobre las víctimas de dichos operativos.

La Corte IDH, con sede en Costa Rica, también ha condenado a Guatemala por las masacres de población civil ocurridas a principios de la década de 1980 por miembros del Ejército, en los casos conocidos como Plan de Sánchez y Río Negro.

La CorteIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, encargado de aplicar la Convención Interamericana de Derechos Humanos.