Prensa Libre

POR HUGO ALVARADO Guatemala

Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal, explicó que dos recursos legales que les fueron rechazados a los abogados defensores por la Sala de Mayor Riesgo permiten mantener en pie la fecha fijada para el juicio.

El debate se celebrará en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, el 19 de marzo a partir de las 8.30 horas.

No pueden

Los abogados Francisco Palomo y César Calderón, quienes defienden a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, respectivamente, sostienen que el juicio no puede empezar, debido a que existe un amparo provisional, que hasta ahora no ha sido resuelto.

Según Palomo, aún confían en detener el inicio del debate con el amparo provisional que les otorgó la Sala Cuarta de Apelaciones la semana recién pasada.

La Sala consideró que Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, quien resolvió enviarlos a juicio, incurrió en un error al no aceptar como pruebas de descargo a los peritos propuestos por la defensa.

De acuerdo con Palomo, cualquier debate comienza con la presentación de peritos, pero su defendido no los tiene porque fueron rechazados, por lo que considera que pueden, al menos, retrasar la apertura.

Agregó que los peritajes militares y antropológicos deben estar incluidos en el debate.

Entre lo que propuso la defensa se encuentra que un antropólogo debe efectuar un análisis que podría demorar varios meses, y eso motivaría que el debate no empiece este año.

También buscan que se les acepte el peritaje militar que muestre la cadena de mando en las filas del Ejército.

Calderon explicó que el Tribunal no puede ordenar el inicio del debate porque el amparo lo imposibilita.

“Si lo hace, incurre en desobediencia y los podríamos perseguir penalmente, ya que no pueden obviar el amparo provisional”, expresó.

Preparados

Los abogados de los familiares de las víctimas indicaron que ya están preparados para el debate y que el amparo no impide abrir el juicio contra los dos militares retirados.

Héctor Reyes, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, manifestó que se alegran en nombre de los familiares de las víctimas por la decisión del Tribunal.

“Las víctimas sobrevientes han esperado tanto tiempo, deseando justicia y que puedan expresar lo que vivieron durante el conflicto armado”, dijo Reyes.

Añadió que el debate puede empezar mientras el amparo sigue su trámite. Según Reyes, ya apelaron la decisión de los magistrados suplentes de la Sala Cuarta que otorgaron el amparo provisional, acción interpuesta en la Corte de Constitucionalidad (CC).

Édgar Pérez, abogado de las víctimas sobrevientes, expuso que el amparo es parcial, por lo tanto no deja en suspenso el juicio.

“Mientras no tenga una orden explícita el Tribunal de suspender el debate, tiene la obligación de ejercer justicia, garantizando el derecho de defensa”, explicó.

Entre el Ministerio Público y los querellantes tienen como pruebas, en promedio, 115 testigos, 60 peritajes, prueba documental como planes militares e informes forenses.

Sin amnistía

La apertura a juicio se confirmó después de que la CC le negara a Ríos Montt la amnistía que había pedido para no enfrentar a la justicia.

Ríos Montt, de 86 años, será enjuiciado junto a Rodríguez Sánchez, exjefe de inteligencia militar, como autor intelectual del asesinato de mil 771 indígenas de la etnia ixil, crímenes perpetrados por el Ejército durante el tiempo que permaneció en el poder (marzo de 1982-agosto de 1983), de acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Derechos Humanos.

El exjefe de Estado por primera vez enfrenta a la justicia por casos de genocidio y delitos de lesa humanidad perpetrados por el Ejército durante el conflicto armado (1960-1996), que dejó unas 250 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Les imputan masacres

Señalamientos: 

Los militares retirados están acusados por la muerte de mil 771 personas de la etnia maya ixil, en 1982, a la que el Ejército consideraba enemiga.

El Ministerio Público responsabiliza a Ríos Montt de 15 masacres ocurridas durante su administración, de las cuales lo considera autor intelectual.

A Rodríguez Sánchez lo acusan de haber implementado planes militares que fueron utilizados para matar a pobladores del triángulo ixil: Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal, Quiché.

Las masacres motivaron el desplazamiento de 29 mil personas de 54 comunidades, que fueron obligadas a huir a las montañas y  vivir en condiciones infrahumanas.

Los planes militares habrían sido utilizados para aniquilar a población indígena.

defensa

“Vamos a detenerlo”

Francisco Palomo, uno de los abogados de José Efraín Ríos Montt,  anticipó que aunque vayan al inicio del juicio,  en la audiencia demostrarán legalmente que no se puede empezar. “Vamos a detenerlo, faltan nuestras pruebas”, dijo.

acusadores

“Tienen obligación”

“Mientras no tenga orden explícita el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de no suspender el debate,  tiene la obligación de ejercer justicia, garantizando el derecho de defensa”, afirmó Édgar Pérez, abogado de los familiares de las víctimas.