Prensa Libre

POR AGENCIA EFE SUIZA

GINEBRA - Así lo ha decidido el Tribunal Federal (Tribunal Supremo) de la Confederación Helvética que ha confirmado una decisión anterior de la Corte de Justicia de Ginebra, según se conoció este viernes.

Erwin Sperisen pidió por primera vez la recusación del procurador en agosto del 2012 con el argumento de las relaciones que el fiscal mantenía con la asociación humanitaria TRIAL.

Esta entidad es parte del proceso porque es la que pidió su arresto al Ministerio Público.

Ya en enero, el Tribunal Federal indicó que el hecho de que Bertossa hubiera leído y corregido de forma voluntaria un libro editado por TRIAL no tenía ninguna relación con Sperisen, Guatemala o América Central.

Posteriormente, Sperisen volvió a recusar a Bertossa argumentando que un testigo del caso se había contradicho en dos declaraciones tomadas en sendos interrogatorios y recogidas en un DVD, y que el fiscal lo había ignorado.

El tribunal ha vuelto a rechazar los argumentos de la defensa del expolicía guatemalteco al constatar que el procurador citó el DVD en el mismo momento del arresto del exagente.

Sperisen es solicitado por la Justicia de su país por su presunta participación en violaciones a los derechos humanos durante su mandato, entre julio de 2004 y marzo de 2007.

Tras su detención, ocurrida el pasado 31 de agosto por orden del Ministerio Público de Ginebra, el exjefe de las fuerzas de seguridad -quien tiene doble nacionalidad suiza y guatemalteca- recurrió esta medida, pero la instancia de apelación desestimó su petición.

Desde entonces, sigue detenido porque la Justicia considera que existe considerable riesgo de fuga si es puesto en libertad.

El detenido es uno de los tres antiguos altos funcionarios cuya captura internacional pidió un tribunal del país centroamericano, tras ser acusados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de integrar una estructura criminal dedicada a las ejecuciones extrajudiciales de reos en el país.

Creada en 2006 bajo auspicios de la ONU e integrada por juristas internacionales, la Cicig tiene como objetivo ayudar al Gobierno guatemalteco a luchar contra la violencia en el país.

En vista de la nacionalidad suiza de Sperisen, la Justicia de este país es competente para instruir su caso, pero su extradición está descartada.

Varias ONG acusan a Sperisen de estar detrás de la masacre de nueve campesinos en la evacuación de una granja ocupada, y de permitir ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencias sexuales por parte de los agentes de la Policía Nacional guatemalteca.