Prensa Libre

POR JUAN MANUEL CASTILLO ZAMORA

En ese registro se hizo la “anotación de embargo con carácter de intervención”, a favor de cinco demandantes, quienes señalaron que hubo un error notarial en la inscripción de las cuatro sociedades que le dieron vida al Transurbano. Según afirmaron, la notaria no declaró que tuvo a la vista documentos que acreditaban la representación legal de determinados socios.

René Eduardo Solós Ovalle, juzgador a cargo del proceso, indicó que no podía dar información porque aún no se había enviado notificación a las partes. Al ser consultado sobre la anotación en el Registro de Personas Jurídicas, solamente refirió que era “una anotación preventiva”.

La acción, promovida el 6 de febrero último, fue interpuesta por los transportistas Efraín Nicolás García, Luis Ramos Alegría, Luis Aníbal Araujo García, Ever Rolando Marroquín García y Miguel Horacio Ruano Palencia.

Aníbal García, abogado de los demandantes, expuso: “En efecto, se presentó una demanda, pero estamos a la espera de los resultados del proceso. Sin embargo, tenemos la plena confianza de que el juez va a resolver conforme a derecho, pues la acción está fundamentada jurídicamente”. Si la acción procede, es posible que todo lo actuado por esas sociedades quede sin validez.

Acerca de la acción

¿Con qué argumento se solicita la nulidad de las sociedades anónimas Tendencias Modernas Latinoamericanas, Rutas Metropolitanas de Transporte, Concesionarios de Transporte y Expansión Corporativa Milenium, todas creadas el 19 de marzo del 2009?

Al momento de la inscripción de esas entidades comparecieron 26 personas a título personal y dos más como representantes de las empresas Transportes Terrestres Reforma, S.A., y Ciudad Real, S.A.

La notaria no indicó que se le presentaron los documentos que acreditaban a estos delegados.

Fundamentos

El asunto es parte del campo notarial y se fundamenta en el inciso 3 del artículo 31 del Código de Notariado, el cual establece que son formalidades esenciales de los instrumentos públicos: dar “razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro”.

García afirmó que la notaria que inscribió las sociedades anónimas pasó por alto “dar fe de haber tenido a la vista los nombramientos de dos representantes legales y el acta de la asamblea general de accionistas donde eligen al representante”.

En la escritura que le da vida a las sociedades anónimas, con fecha 19 de marzo del 2009, la abogada consignó: a) “Doy fe de haber tenido a la vista las cédulas de vecindad de los comparecientes; b) de haber tenido a la vista la boleta de depósito del Banco de Desarrollo Rural, donde consta el depósito del capital autorizado... c) que di íntegra lectura del contenido de la presente escritura a los otorgantes, quienes bien impuestos de su contenido, objeto, efectos legales y obligación de registro, lo ratifican, aceptan y firman”.

Ricardo Sagastume, abogado y notario especialista en Derecho Corporativo, confirmó que quien redactó la escritura no consignó“un requisito esencial”, lo que puede tener repercusiones “muy graves”.

Efectos

Sagastume señaló que el haber obviado ese requisito abre las puertas a “cuestionar la validez de las sociedades”, pues quien las inscribió debió“hacer una declaración donde se hace constar que se tuvo a la vista los documentos fehacientes que a juicio del abogado y de conformidad con la ley son suficientes. Ese aspecto es el que el notario —que constituyó las sociedades— pudo haber obviado”.

Sagastume aclaró que aunque la nulidad es de la “escritura y no de algún contrato”, al momento de declararse “le restaría validez al instrumento público y podría dejar sin efecto la constitución de la sociedad, y una vez declarada la nulidad de ese instrumento también perdería validez todo lo que se ha actuado a partir de la fecha de la constitución”.

“De acuerdo a la doctrina y la práctica notarial, así como la jurisprudencia, la no observancia de estas formalidades esenciales conlleva la nulidad de pleno derecho para los instrumentos públicos por ende para los negocios jurídicos que contienen”, argumentan los demandantes en el memorial donde solicitan la nulidad.

Sin notificación

Luis Gómez, de la Aetu, aseguró que no han recibido notificación respecto de la intervención, y que “las personas que hacen las peticiones de nulidad no tienen personería” para oponerse a este tipo de sociedades. Expresó que existe “manipulación de la ley”, que “el juez ha trabajado muy oficiosamente a favor de los demandantes” y que saben “que detrás de ellos hay una empresa comercial”. “Por eso vamos a recusar al juez, pues normalmente un tema civil no avanza tan rápido como este”, explicó.

En cuanto a los argumentos legales para solicitar la nulidad, Gómez respondió: “Son tonterías. No se puede echar abajo un proyecto porque cinco choferes presentaron una demanda. Nosotros estamos preocupados porque esto puede afectar a toda la población”.

Gómez refirió que si se ejecutara la intervención podría paralizarse todo el transporte colectivo de la ciudad.

Álvaro Folgar, presidente de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua), indicó que espera que con la acción se logren transparentar “muchas irregularidades en el Transurbano”.

Sistema privado

A diferencia de otros países, donde el transporte público pertenece al Gobierno y por lo tanto es fiscalizado por dependencias del Estado, en Guatemala el sistema es privado. La Asociación de Empresarios del Transporte Urbano (Aetu) está compuesta por 32 empresas, todas privadas, y cuatro de estas son las administradoras del Transurbano.

“El Gobierno y la Municipalidad no tienen nada que ver con el Transurbano. Se crearon cuatro sociedades para conformar el proyecto y cambiar todos los buses de la ciudad, el cambio ha sido paulatino. Estas empresas son las que obtuvieron el crédito en Brasil, porque ellos pedían que fueran sociedades anónimas”, explicó Luis Gómez, de la Aetu.

 El directivo explicó que los buses fueron adquiridos a 12 años y que el Gobierno no aportó, pues los US$35 millones fueron para la implementación del sistema prepago.

Subsidio  Millonario 

El Estado otorga Q35 millones mensuales  a los empresarios del transporte urbano.

El Convenio    de Subsidio al Transporte Urbano de la Ciudad establece un desembolso de Q35 millones mensuales,   de los cuales  Q21 millones son para cubrir de manera parcial el costo del diésel, Q8 millones se destinan al pago de seguridad privada en los buses y Q6 millones son para cubrir la operación del Transurbano. Luis Gómez, de la Aetu, aseguró que el Gobierno les adeuda dos meses de subsidio del 2011, seis meses del 2012 y dos del 2013.

El acuerdo   municipal COM-42-2009, de diciembre del 2009, establece que   a partir del 2011 todas las unidades debían ser  al menos  modelo 2009. El convenio se incumple, ya que en las calles circulan unidades viejas.

En agosto del 2009, antes de que las primeras unidades del Transurbano circularan por las calles de Guatemala, el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), por medio de la Asociación para el Desarrollo Social (Ades), con sede en San Pedro Sacatepéquez,  San Marcos, contrató a una empresa para la construcción de 144 estaciones del Transurbano. Sin embargo, las paradas están deterioradas porque no reciben mantenimiento. 

Para la implementación del nuevo servicio con sistema prepago el Organismo Ejecutivo autorizó Q273 millones.

Exoneración

En mayo del 2010, el Congreso de la República  aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Mejoramiento del Transporte Público de Pasajeros, a fin de exonerar a los transportistas    del impuesto al valor agregado y derechos arancelarios a la importación de autobuses nuevos, en los cuales se implementaría el sistema prepago.

Sobrevaluados

Desde que empezó a operar, el Transurbano ha sido objeto de  múltiples señalamientos. Entre estos la publicación de la revista alemana Manager, que en su edición de julio del 2012   señala la compra de unidades sobrevaloradas hasta en  25 por ciento. Según ese medio, cada autobús costó  US$126 mil, y el costo debió ser de alrededor de US$95 mil.

a paso lento

Estancamiento

El Transurbano, que comenzó a operar en julio del 2010, incluía el ingreso de tres mil 150 autobuses —tres mil normales y 150 articulados—, pero solo la sexta parte de la flotilla —445 unidades— presta el servicio. Cada una debe tener cámaras de vigilancia y Sistema de Posicionamiento Global. No hay fecha para  compras futuras.

La realidad del transporte

En el país circulan tres mil 221 unidades del transporte colectivo, de las cuales  455 tienen  sistema prepago incorporado.

455 autobuses del Transurbano prestan servicio en la capital

4 sociedades anónimas fueron inscritas en marzo de 2009 para darle vida al Transurbano

3 mil 221 unidades entre rojas y azules prestan el servicio de transporte en la capital

Q35 millones se otorgan de subsidio mensual al transporte

Sin despegar

Cuando el Transurbano empezó a funcionar se fijó la  meta de sacar de circulación todos los buses rojos y sustituirlos por unidades nuevas que contaran con sistema prepago. Sin embargo, hasta ahora solo 455 automotores   prestan  servicio