“En su mente criminal es una empresa, aunque ilícita, pero ellos lo ven como una forma de vida”, dice un oficial de la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones.

Según los investigadores, Aguirre tenía instrucciones de asesinar pilotos, reclutar menores para sicariato, buscar residencias en sitios estratégicos de la capital para sus actividades delictivas, distribuir celulares en rutas de transportes y comercios para retomar las extorsiones.

En manuscritos decomisados por los investigadores se han encontrado mensajes en los que cabecillas ordenan reorganizar las extorsiones y sembrar el pánico.

Un agente de esa fuerza de tarea comenta que tienen información de otros dos jefes de pandillas que están libres y que también han comenzado a reagrupar sus bandas.

“A través de inteligencia, hemos logrado saber de quiénes se trata. El siguiente paso es continuar las pesquisas para recapturarlos”, explica un oficial.

Elías Pumay, asesor de la Fuerza de Tarea contra Extorsiones, refiere que esos criminales fueron detenidos en el 2000, sindicados de varios delitos, y ya cumplieron su condena.

Se informa que las bandas están debilitadas por las capturas, y por eso envían a menores y a mujeres a entregar celulares y efectuar los cobros.

Los cabecillas procuran no exponerse, y ordenan a sus cómplices alquilar o hacerse de una vivienda, la cual convierten en “casa de seguridad” o guarida.

Cuando alguno no cumple una orden, el cabecilla lo hace, y por eso se pudo detener a Aguirre en la 15 avenida, colonia Santa Luisa, zona 6.

“Sabemos, mediante documentos que se decomisaron, que el Monstruo tenía ordenes de enviar a robar vehículos y matar si era necesario, pero recuperar a toda costa el cobro de extorsiones a pilotos y ayudantes, y a los transportistas”, se asegura.

El Monstruo le dijo a un investigador: “Nosotros no robamos, nuestro trabajo son las extorsiones”.

Antes, las pandillas tenían entre 40 y 50 integrantes, pero ahora están sin gente.

Otros casos

Otro caso es el de Édgar Martínez Estrada, alias el Tigre, y Wílder y/o Bryan Rodríguez, alias el Pato, a quienes la Policía intenta regresar a prisión.

Las gavillas los denominan ranfleros, cabecillas que organizan fechorías, dirigen a sus cómplices y les ordenan cometer asesinatos.

Los investigadores señalan que Martínez Estrada y Rodríguez también son cabecillas.

En la pandilla, a Martínez lo denominan llavero. “Es quien delega funciones. Al faltar el cabecilla, asume el papel de jefe”, explican.

Áreas

Las áreas más afectadas por los extorsionistas son Mixco; la parte de norte de Villa Nueva; la colonia La Florida, zona 19; y las zonas 12 y 21 capitalinas.

También intimidan en la parte baja de Santa Catarina Pinula.

Pumay comenta que los pandilleros de ese tipo son difíciles de rehabilitar, pues ya tienen entre 25 y 27 años.

Se desvanecen

Pese a los esfuerzos policiales y del Ministerio Público (MP) por combatir a los extorsionistas, el 81 por ciento de casos que llegan al Organismo Judicial (OJ) quedan en la impunidad.

Según jueces, la investigación deficiente del MP y la lentitud de los trámites hacen fracasar los procesos.

Reportes del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial apuntan que en los primeros seis meses de este año ingresaron 506 expedientes por extorsiones, exacciones intimidatorias (extorsión a comercios) y obstrucción extorsiva de tránsito (extorsión a pilotos y transportistas). Sin embargo, solo 96 casos concluyeron con sentencia en los tribunales.

Es importante mencionar que no todos los juicios comenzaron en el primer semestre del 2013, ni son casos ocurridos en el presente año.

En 76 fallos se obtuvo condenas, y hubo 20 absoluciones.

Datos consolidados del OJ, del 2008 al 2011, indican que las sentencias por delitos relacionados con la extorsión se incrementaron de 71 a 470. Aún está pendiente la estadística del 2012.

El departamento con mayor incidencia extorsiva es Guatemala, según la información proporcionada por el OJ, pues fueron abiertos 225 expedientes. Le sigue, aunque distante, Alta Verapaz, en donde se presentaron 33 casos.

Datos por región

Las áreas Metropolitana, Noroccidente y Suroccidente reportan más casos de ese hecho ilícito.

Metropolitana  (Guatemala): 225 casos ingresados, 70 sentencias.

Norte  (Alta y Baja Verapaz): 41 casos ingresados, ninguna sentencia.

Nororiente  (Chiquimula, El Progreso, Izabal y Zacapa): 17 casos ingresados, siete sentencias.

Suroriente  (Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa): 36 casos ingresados, dos sentencias.

Central   (Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla): 18 casos ingresados, cinco sentencias.

Suroccidente (Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Suchitepéquez, Sololá, Totonicapán): 98 casos, siete sentencias.

Noroccidente   (Huehuetenango y Quiché): 44 casos, tres sentencias.

 Petén:  20 casos ingresados, una sentencia.

Delincuencia

Guatemala encabeza lista

Jueces consultados comentan  que la posibilidad de determinar la responsabilidad de una persona vinculada con  extorsiones depende de las pruebas presentadas por  la Fiscalía.

Amparo Rivas, presidenta del Tribunal Sexto de Sentencia Penal, explicó que  los jueces no son quienes  efectúan la investigación; eso corresponde a los fiscales.

“Con base en la prueba que presenten y  la calidad de la misma, los jueces determinan el grado de participación de las personas acusadas de cualquier ilícito. Los delitos de extorsión son de mucha gravedad, porque afectan a gran porcentaje de la población, por eso debe hacerse una investigación seria”, indica Rivas.

 Las acciones contra ese hecho ilícito han sido numerosas, de acuerdo con información de la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones.

Estadísticas de la Policía  apuntan que entre el 1 de enero y el 25 de octubre de este año fueron detenidas 570 personas en todo el país por ese delito.

Explican que  390 aprehendidos son hombres y 180  mujeres, entre presuntos cabecillas,  cobradores y colaboradores de las redes.

 De esa cuenta, 26 estructuras de extorsionistas han sido desarticuladas por las autoridades.

Asociación

Conexión con delito

Para Anabella Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (Ajmoj), la prueba que el Ministerio Público presenta en los casos de extorsión debe determinar la participación de las personas juzgadas en los hechos sindicados.

“Muchas veces presentan prueba abundante, con la cual se acredita que hubo un delito y que existe una víctima, pero no se enlaza con la persona que está sujeta a un proceso penal. Si las evidencias no marcan una conexión entre hechos y acusados, no se puede emitir una condena”, expresa.
La jueza recomienda a las víctimas y testigos que  denuncien.

Postura

Pruebas eficaces

Elías Pumay, asesor de la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones, explica que todas las detenciones están sustentadas, pero muchos casos son resueltos de acuerdo con interpretación judicial.

“En los casos se acompañan recibos de depósitos monetarios a cuentas  de los sindicados y acompañamientos de videos cuando son entregas de dinero mano a mano. Son pruebas eficaces que presenta el Ministerio Público”, dice.

Añade que las mujeres detenidas aseguran ser inocentes, pero se presentan al juez constancias de  visitas a reos del sector 11 del  Preventivo de la zona 18 y a la cárcel El Boquerón, Santa Rosa.

26 bandas  se han  desarticulado en el 2013.

De los 570 capturados,  390 son hombres y 180 mujeres.

Reacción

MP no se pronuncia

Prensa Libre buscó, por dos días, la postura del Ministerio Público (MP) en relación con los señalamientos que jueces han hecho sobre la investigación deficiente  de extorsiones.

Pese a que se les explicó la razón que los juzgadores argumentaban contra el órgano investigador, de que las pruebas que presentan en los juicios no son contundentes o no logran determinar la responsabilidad de los acusados, el MP decidió no emitir comentario y solicitó más información para dar su postura, pero al final eso no ocurrió.

El Departamento de Comunicación Social del MP comunicó que se pronunciará al respecto.

Capturas

570 personas detenidas por   extorsión este año