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POR PRENSA LIBRE.COM GUATEMALA

CIUDAD DE GUATEMALA - El pasado 1 de mayo, el Gobierno decretó estado de Sitio por 30 días en Mataquescuintla y la cabecera de Jalapa, así como en Casillas y San Rafael Las Flores, Santa Rosa, derivado de incidentes relacionados a la mina San Rafael.

A inicios de la semana pasada, fue muerto el agente policial Demetrio Camacho Orozco, de 40 años, tras un enfrentamiento frente a la mina; mientras tanto 23 policías fueron retenidos en la aldea Laguna El Pito, Jalapa, lograron escapar sin sus armas y cinco de ellos resultaron heridos.

Lopez Bonilla dijo estar preocupado porque también apareció la parte superior de una pistola, lo cual podría ser señal de que han desmantelado las armas y de ser así será más difícil recuperarlas.

El funcionario reiteró que continuarán con los operativos "haya o no estado de Sitio" hasta que aparezcan las armas faltantes y cerca de 5 mil candelas de dinamita que los pobladores tomaron en noviembre de 2012, luego que una turba incendiara cinco vehículos y un camión, propiedad de la mina.

En cuanto al costo de la implementación del estado de Sitio, el jefe de la cartera del Interior afirma que los gastos de movilización están dentro del presupuesto y forma parte de los planes operativos.

"Es el costo de oportunidad, implica también reducir presencia en otros lados donde también hay guatemaltecos que nos necesitan", reconoció López Bonilla.

Presentan amparo

Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentaron ante la Corte de Constitucionalidad un amparo para que el Congreso pueda conocer la declaratoria de estado de Sitio, ya que desde el 22 de enero se encuentra bloqueada la agenda por la interpelación del ministro de Cultura, Carlos Batzín.

Durante la sesión del pasado martes organizaciones indígenas, campesinas y autoridades mayas se presentaron en el Congreso para exigir a los diputados que improbaran la medida, no obstante, los diputados no llegaron a un acuerdo y se disolvió el quórum.