Rodrigo Arenas, del MCN, insistió en que la Ley de Telecomunicaciones viola el derecho a la propiedad privada y que está en riesgo incluso el derecho a la utilización de las propiedades de las familias más pobres, porque la normativa permite la instalación de antenas sin previo permiso.

Arenas se refirió al artículo 39 de la Carta Magna, que alude a que es inconstitucional la frase “podrán solicitar a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) autorización para instalar antenas que se usen para transmisión inalámbrica de datos, en propiedad privada o en bienes de dominio público”.

Hoy se tiene previsto que el pleno conozca la impugnación promovida por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Historial

Desde que la Ley de Telecomunicaciones fue aprobada, el 8 de abril último, se han promovido cinco acciones de inconstitucionalidad.

Delegados de los pueblos indígenas presentaron una acción de inconstitucionalidad el 16 de mayo recién pasado.

La asociación de alcaldes y autoridades indígenas accionaron contra la ley, con el argumento de que prevalecen intereses de las grandes compañías de telecomunicaciones.  

La Anam también se sumó a las impugnaciones.

Según los alcaldes, la ley vulnera el artículo 253 de la  Constitución Política de la República, que   delega a las comunas la administración jurisdiccional de los municipios, así como la recaudación y ordenamiento territorial.

La comuna capitalina argumentó en su acción que la  ley, además violentar la autonomía municipal, también viola seis artículos de la Carta Magna.