Guatemala

Ministerio Público abre nuevo caso en contra de Concejo

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público investiga al Concejo de Antigua Guatemala por supuestas anomalías en la autorización de una urbanización, lo cual se convertiría en el segundo caso en su contra.

El desarrollo anómalo de   urbanización  motivó a la Fiscalía contra la Corrupción a iniciar un proceso en contra del Concejo de Antigua Guatemala  del 2011.

El desarrollo anómalo de urbanización motivó a la Fiscalía contra la Corrupción a iniciar un proceso en contra del Concejo de Antigua Guatemala del 2011.

El proyecto, ubicado en el sector 1, en el ingreso a la ciudad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, se denomina La Chacra. De prosperar las pesquisas, Adolfo Vivar, exalcalde, quien guarda prisión preventiva y enfrenta proceso penal junto a otras nueve personas, por haber defraudado a esa comuna por Q23.4 millones, podría enfrentar otro proceso judicial.

En febrero de ese año, el Concejo de ese municipio aprobó el desarrollo de una urbanización y la exoneración parcial del pago de uso de suelo. Además permitió iniciar los trabajos sin estudio de impacto ambiental y sin autorización del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, ni del Consejo Consultivo de esa ciudad.

La urbanización, consistente en 311 lotes con áreas no menores de 400 metros cuadrados, es desarrollada por la empresa Caleruega, Sociedad Anónima, propiedad de Ricardo José Felipe Sáenz Cóbar.

Anomalías

El 24 de febrero del 2011, mediante el acta 16-2011, el Concejo autorizó la exoneración parcial del pago de uso de suelo para darle vía libre a la edificación del proyecto Residenciales La Chacra. El Concejo aprobó la rebaja de ese impuesto con el argumento de que Caleruega había hecho una inversión en el municipio de Sacatepéquez durante los últimos seis años. Sin embargo, la desarrolladora fue inscrita en el Registro Mercantil en noviembre del 2010, es decir, tres meses antes de la aprobación de la exoneración.

Patricia Diéguez, concejal opositora, indicó que podría existir una posible falsedad ideológica, pues la empresa a la que se beneficiaba con la exoneración “no fue la misma que había prestado los servicios a favor de la comuna antigüeña”.

Añadió: “Nos pareció excesiva la exoneración de US$2 millones de pago de uso de suelo. Nosotros —ella y el concejal Mario René Pérez Sicán— presentamos la denuncia ante el MP, serán ellos los que establezcan si tenemos razón o no”.

Aníbal García, abogado de los demandantes, dijo que esa es solo una de muchas anomalías que presenta el proyecto. “No presentaron estudio de impacto ambiental, previo a iniciar los trabajos, hubo una presentación tardía de ese instrumento”, dijo.

Caleruega, S.A. presentó hasta en diciembre del 2011 el “Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de la Construcción del Proyecto Residenciales La Chacra”, documento elaborado por la arquitecta Gladys Mendizábal, pero los trabajos se comenzaron poco tiempo después de que el Concejo aprobara la exoneración parcial del pago de uso de suelo.

Sin autorización

Pese a que el artículo 15 de la Ley Protectora de la Ciudad de Antigua Guatemala establece que la Dirección del Conservador de la Ciudad, que depende del Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala, debe autorizar las nuevas construcciones privadas, esa oficina no lo hizo con La Chacra. “Se hace de su conocimiento que no ha ingresado ningún anteproyecto de dicha urbanización”, informó el Concejo, mediante información pública.

“Hay muchas irregularidades, alevosía y premeditación. Creemos que hay varios delitos que perseguir, como abuso de autoridad, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes, entre otros”, expresó García.

Al ser consultado por teléfono, Sáenz Cóbar indicó que la urbanización era de una Sociedad Anónima y que se le hizo entrega de todo el trabajo a un ingeniero. “Es como si usted mande a hacer un tacuche y después le venga a cobrar a la costurera que puso el forro. Yo no tengo nada que ver con eso, para eso contraté a un sastre, le pagué y me dio el tacuche, o sea que es el ingeniero quien tiene que dar razón”, dijo.

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