Prensa Libre

POR LUIS ÁNGEL SAS

Ayer, el MP solicitó el sobreseimiento del caso contra Brooks Morales en el Juzgado Primero de Mayor Riesgo, pero la audiencia se suspendió porque el abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal no asistió y el defensor privado de la afectada ya no llegó a las audiencias. La familia de la sindicada le adeuda más de Q14 mil por sus servicios en todo el proceso.

Brooks Morales era acusada de los delitos de conspiración, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

Contradicciones

La mañana del 2 de agosto del 2012, según Brooks Morales, decenas de policías y militares rodearon su casa, en el cantón Las Vegas, Pastores, Sacatepéquez. Un fiscal le enseñó un papel, pero antes de que pudiera leerlo, se lo quitaron de la vista y la empujaron.

Los fiscales revisaron todo en la casa y jamás le dijeron qué buscaban. Después de dos horas le informaron que el allanamiento había finalizado y que quedaba detenida por el delito de extorsión.

“Yo sólo dije: ‘¿Qué? ¿Yo? ¿A quién?’ No pude decir más, no sabía ni entendía qué estaba pasando”, dijo Brooks Morales.

Ese mismo día fueron capturadas cuatro personas más en Chinautla y Quetzaltenango. Las autoridades mostraron a los detenidos como parte de un grupo poderoso del crimen organizado que extorsionaba desde la Granja Modelo de Rehabilitación de Cantel, Quetzaltenango.

El fiscal contra el Crimen Organizado del MP, Ronny López, explicó que a diario hacían 45 llamadas exigiendo dinero.

Los investigadores explicaron que el grupo tenía seis meses de hacer lo mismo desde la cárcel y acusaron de dirigir el grupo al hermano de Brooks Morales, Luis Fernando, quien había sido detenido el 5 de febrero del 2012, supuestamente por haber disparado contra la fachada de un comercio al cual extorsionaba.

La confusión

El 14 de diciembre del 2011, Brooks Morales viajó de Sacatepéquez a Villa Nueva. Allí fue asaltada y le robaron sus documentos. Ella presentó la denuncia después del hecho en la Policía Nacional Civil (PNC).

La fiscalía al investigar a un grupo de extorsionistas encontró que había una cuenta bancaria a nombre de ella donde transportistas, comerciantes y profesionales habían depositado el dinero que exigían a cambio de no hacerles daño.

La Fiscalía, además del depósito, la intentó vincular con llamadas a otros integrantes del grupo, pero no encontró nada. Tampoco halló bienes a su nombre ni movimientos sospechosos en su verdadera cuenta.

El fiscal que llegó ayer a la audiencia para pedir el cierre del caso, Luis García Morales, evitó dar declaraciones y solo explicó que fue una decisión adoptada por el rumbo que tomó la investigación.

En el memorial que entregó la Fiscalía justifica que se solicita el cierre del caso porque la firma y la huella de la acusada no coincide con la de la persona que abrió la cuenta.

“Se prueba científicamente que la letra no es coincidente, por lo tanto se prueba que no fue ella la que abrió la cuenta”, indica el análisis efectuado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Al salir de la sala de audiencias el fiscal García Morales le explicó la confusión y le aconsejó que consiguiera un abogado lo más rápido posible para terminar de cerrar el caso.

“No se disculpó ni nada. Solo salió y dijo lo que usted escuchó. Quién me paga mis ocho meses en la cárcel y lo que viví adentro”, dijo Brooks Morales.

Gary Estrada, coordinador del programa de personas privadas de libertad del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, explicó que este tipo de casos se dan por la deficiente investigación criminal de la Policía.