Prensa Libre

POR GRUPO SEGURIDAD Y JUSTICIA Y CORRESPONSALES

Durante los disturbios, originados por la oposición a las operaciones de la mina San Rafael en Santa Rosa, murió un agente de la Policía identificado como Eduardo Demetrio Camacho Orozco, de 40 años.

Además, un campesino perdió la vida cuando un contingente policial liberó a los policías que habían sido retenidos en Jalapa.

La noche del lunes último, 23 agentes de la PNC se movilizaban a la cabecera de Jalapa cuando fueron interceptados por un grupo de campesinos en el cruce a la aldea Laguna El Pito.

Ayer unos dos mil agentes al mando de Gerzon Oliva, director de la Policía, incursionaron en la aldea a las 6 horas para rescatarlos. El enfrentamiento con los pobladores duró unos 20 minutos.

En el hecho resultaron heridos 10 agentes, dos de ellos de gravedad, quienes fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y al Hospital Nacional de Jalapa. Según los pobladores, también murió un campesino.

Los heridos son Francisco Santos Solval, 36; Samuel Eliseo Orozco Hernández, 28; Carlos Heriberto Pérez López, 38; Érick Orlando Ramírez Falla, 33; Carlos Vásquez Gregorio, 28; Jorge Kevin González Botello, 26; Francisco Antuche, 42; Alejandro Quina, 31; Álvaro Ramírez Porras, 34, y Julio César Xu Mejía, 34.

Un policía relató a Prensa Libre que fueron unas mil personas las que rodearon los autopatrullas.

Explicó que a ellos los obligaron a descender de los cuatro vehículos en que se transportaban.

“Intentamos reaccionar, pero ellos eran muchos. Yo llevaba el control del grupo y decidí que teníamos que acceder a lo que exigían”, dijo.

Refirió también que varios de los manifestantes portaban fusiles de asalto y otros tenían machetes y palos, por lo que evitaron tomar acciones que enardecieran los ánimos.

“Nos lo quitaron todo. Creímos que no nos pasaría nada, pero los pobladores se pusieron agresivos y nos golpearon”, afirmó el entrevistado.

Los comunitarios los tuvieron retenidos en una cancha de baloncesto y los despojaron de bocachas para lanzar bombas lacrimógenas, chalecos para portar equipo y municiones, teléfonos y sus documentos de identificación.

Otro agente relató que los pobladores les decían que no saldrían vivos del lugar. “Nos confundieron y creyeron que íbamos a desalojar a las personas que manifestaban contra la minería”, dijo el policía.

En San Rafael

Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, contó que en San Rafael Las Flores, un grupo de personas empezaron a atacar las casas y los vehículos de trabajadores de la mina.

En los disturbios murió el agente. “El policía recibió un impacto de bala en el pecho y falleció en el lugar”, expresó.

Cuando los agentes llegaron fueron recibidos a balazos, explicó el funcionario.

Según la Policía, los disturbios comenzaron cerca de la medianoche del lunes último, cuando grupos de personas con los rostros cubiertos con gorros pasamontañas y armados irrumpieron en tres viviendas donde se hospedaban empleados de la minera y les prendieron fuego a los inmuebles y saquearon las pertenencias de los colaboradores.

Vecinos del sector que pidieron el anonimato dijeron que escuchaban gritos y balazos.

Leonel Morales, alcalde de Jalapa, expresó que la situación es preocupante.

“Es lamentable, y lo único que le pedimos a la población es que guardemos la calma. Recordemos nuestra cultura pacífica, lo bueno que los antepasados nos dejaron”, refirió.

El jefe edil afirmó que la comuna permanecerá cerrada toda la semana, por seguridad de los colaboradores.

Declaran ante juez

Los integrantes de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) que estuvieron retenidos declararon ayer en el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo.

La jueza Carol Patricia Flores Polanco escuchó el testimonio de los agentes a las 15.30 horas.

A solicitud del MP, Flores Polanco declaró la reserva total del caso, por lo que solo las víctimas, agentes fiscales y quienes sean capturados tendrán acceso al proceso.

El MP pidió que se escuchara a los agentes como prueba para solicitar las capturas de 18 personas que participaron en su retención.

La Fiscalía considera víctimas a los agentes, ya que fueron privados de su libertad por más de 14 horas.

Evalúan medida

El Gobierno evaluaba ayer decretar estado de Excepción en Santa Rosa y Jalapa. El ministro de Gobernación informó que se reunió con fiscales del MP para llegar a un acuerdo. Explicó que en un lapso de 48 a 72 horas definirán la medida.

López Bonilla responsabilizó a Roberto González Uselo, presidente del grupo Parlamento Xinca, y a Rigoberto Aguilar Uselo de liderar al grupo que retuvo a los agentes y del robo de 23 pistolas.

“En consecuencia se puso una denuncia en contra de Roberto González Uselo, por secuestro y plagio. Lo hago responsable públicamente, primero por la situación de agresión, y segundo, por asociación ilícita”, dijo.

Refirió que González Uselo no actuó solo, sino junto a otras personas, a quienes están tratando de identificar.

Antecedentes

El funcionario expuso que estos hechos ocurren desde el año último, ya que el 19 de noviembre del 2012, pobladores robaron explosivos de un convoy que se dirigía a la mina.

Además, el 12 de enero de este año hubo un ataque, en el cual murieron guardias de seguridad privada.

“En los cuatro eventos, incluido el de ayer, lo que ha habido es una exhibición de capacidades, de planificación, de coordinación, de ejecución y, por supuesto, de supervisión de las cosas”, explicó.

Refirió que “esto no lo están haciendo comunitarios sencillos que se oponen a un proyecto minero, sino gente que tiene conocimientos de cómo llevar a cabo las cosas”.