Prensa Libre

POR J. RAMOS, B. VáSQUEZY H. ALVARADO

La solicitud fue hecha en la fase de conclusiones del debate que se sigue en contra de los dos militares, dentro del cual se han efectuado más de 20 audiencias. El juicio inició el 19 de marzo último.

El requerimiento del ente encargado de la persecución penal fue emitida tras dos horas con 24 minutos, tiempo en el cual el fiscal Orlando Salvador López explicó a los jueces: “Los testigos, los peritajes y los documentos militares son la prueba de que existió la intención de eliminar a la etnia ixil, en Quiché”.

López indicó que durante el gobierno de Ríos Montt, que inició el 23 de marzo de 1982 y concluyó el 8 de agosto de 1983, hubo nueve meses en los cuales el territorio nacional permaneció bajo estado de Sitio.

“Con base en las acciones de Inteligencia militar se buscaron los mecanismos para impedir que grupos insurgentes tuvieran apoyo de las comunidades. Los ixiles fueron considerados como enemigos internos, porque se pensaba que colaboraban con la guerrilla”, aseguró el fiscal.

Entre los documentos militares que la Fiscalía de Derechos Humanos presentó al Tribunal, se encuentran los planes de campaña Victoria 83 y Firmeza 83. De acuerdo con el MP, Ríos Montt ordenó la elaboración de ambos expedientes y Rodríguez Sánchez supervisó el cumplimiento de quien en aquella época ocupaba la jefatura del Estado.

Otros indicios que llevaron a la Fiscalía a solicitar las condenas en contra de los acusados fueron las declaraciones que Ríos Montt dio el 2 de junio de 1982, durante una entrevista que concedió a periodistas de televisión extranjera.

“El valor nuestro está en la capacidad de poder responder a las acciones de mando, eso es lo más importante. El Ejército está en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al Ejército, entonces qué estoy haciendo aquí”, se escuchó en uno de los fragmentos de la entrevista que presentó el MP.

En otro apartado de la grabación se aprecia cuando Ríos Montt explicó: “Hay un problema serio, nosotros somos un conjunto de naciones con idiomas propios y con costumbres propias. Queremos crear una nacionalidad. Somos una mezcolanza”.

Ríos Montt, al salir de la sala de audiencias, rechazó la solicitud de la Fiscalía y resaltó que él no es culpable de las acciones que el MP señala en su contra. “Por qué voy a aceptar lo que dicen que yo hice”, declaró.

La jornada

La jornada de ayer inició a las 8 horas. El Tribunal tenía programado informar sobre la resolución que la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Penal tomó el 6 de mayo recién pasado, al otorgar un amparo en definitiva a Ríos Montt.

Jazmín Barrios, presidenta de la judicatura, señaló que Francisco García Gudiel, defensor del ex jefe de Estado de facto, debía interponer por segunda oportunidad la recusación en contra de los jueces Barrios y Pablo Xitumul.

García Gudiel se negó a obedecer lo dicho por Barrios, pues indicó que no tenía por qué presentar una nueva recusación. “La Sala dice que se tiene que dar trámite a la acción ya planteada”, agregó.

El Tribunal rechazó el argumento del defensor de Ríos Montt. Este, de forma enfática, aseguró que denunciaría a los jueces porque no acataron una resolución superior.

“No voy a descansar hasta verlos tras las rejas. Al desobedecer las leyes, ustedes se convierten en delincuentes”, reclamó García Gudiel.

Respuestas de las Cortes

La Corte de Constitucionalidad ordenó a la jueza Carol Patricia Flores que emita una nueva resolución ante el fallo que emitió el 18 de abril, cuando determinó anular el proceso por genocidio y retornarlo hasta el 23 de noviembre del 2011.

El máximo tribunal de justicia señaló que Flores no dio el debido trámite a una reposición del MP, con el cual se intentó revertir la decisión de la juzgadora.

En tanto, la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de antejuicio que García Gudiel presentó en contra de Barrios. El defensor pedía que se quitara la inmunidad de la presidenta del Tribunal, bajo el argumento de que abusó de su autoridad al expulsarlo del debate por genocidio, el 19 de marzo pasado.

Durante el pleno de ayer, los magistrados determinaron por unanimidad que el reclamo del abogado de Ríos Montt es ilegítimo.