Prensa Libre

POR JERSON RAMOS Y HUGO OLIVA

Los activistas afirmaron que el 2 de mayo último, cuando se publicó el decreto gubernativo 06-2013, el presidente Otto Pérez Molina dijo que la medida se había tomado como respuesta para mitigar los hechos cometidos por bandas dedicadas al trasiego de drogas y grupos criminales que operan en los lugares mencionados.

“Estamos en Jalapa para verificar con nuestros hermanos xincas lo que están viviendo. Queremos verificar si se respetan sus derechos o si se cometen abusos”, indicó Pascual, dirigente del CUC.

Pascual destacó que, de no darse los resultados que exigen, será evidente que el estado de Sitio fue decretado para cuidar los bienes de la mina San Rafael.

Se intentó obtener la opinión de Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, o Edy Juárez, viceministro de Seguridad, pero ninguno contestó las llamadas a sus celulares.

El gobernante dijo ayer en Costa Rica que la medida ha sido positiva porque de 16 capturados, siete son supuestos criminales.

Ley obsoleta

Delegados del CUC y de la Convergencia de Organizaciones Mayas de Guatemala se reunieron ayer con miembros del Parlamento Xinca; el general Manuel López Ambrosio, comandante a cargo del operativo por el estado de Sitio, y Mario Cantoral, gobernador de Jalapa.

Los inconformes señalan que la Ley de Orden Público es obsoleta para esta época, debido a que data de 1966. Pascual considera que la normativa perdió vigencia cuando cobró vida la actual Constitución.

“Creemos que el estado de Sitio es ilegal. La Ley de Orden Público no está vigente. Debe haber una nueva ley referente a ese tema”, expuso Pascual

Acciones legales

Se informó que hoy el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino presentará en la Corte de Constitucionalidad dos acciones de inconstitucionalidad, una contra la Ley de Orden Público, y la otra contra el Decreto 06-2013.