La psicóloga calificó de una política de terror la quema de la Embajada de España, ocurrida el 31 de enero de 1980, en la cual murieron 37 personas, entre campesinos y sindicalistas, empleados de la sede diplomática y estudiantes universitarios.

“Esa y otras acciones de la época se desarrollaron en el contexto de una doctrina de seguridad nacional, que fue ejecutada hacia adentro, contra un enemigo interno al que se debía eliminar”, refirió García.

Indicó que esa doctrina fue creada por Estados Unidos, que en aquella época peleó una guerra contra la Unión Soviética.

“La doctrina de seguridad nacional cuida del Estado, no de sus ciudadanos. El terror como política estatal tiene estrecha relación con lo que pasó en aquella época, que contribuyó a la guerra que se desarrolló en la calle y contra cualquier persona, y por eso se consideraba que debía ser eliminada”, dijo.

Además, la profesional explicó que uno de los efectos del siniestro, paralelo a la muerte de 37 personas, fue la desconfianza que la población tomó hacia las autoridades durante el conflicto armado, debido a las violaciones de derechos humanos.

“El Estado fue el primer violador de su propia norma, que era velar por la protección de la vida de sus ciudadanos”, refirió García.

Policía investigó

Durante la jornada también se escuchó a la perito Ada Melgar Quiñónez, quien desde hace seis años trabaja en el Archivo Histórico de la PN. Ella analizó los documentos oficiales de la entidad y la información  sobre la quema de la sede diplomática y las manifestaciones de los campesinos, de lo cual concluyó que todo  se había planificado.

“En el Archivo —de la desaparecida PN— fueron encontrados documentos de la semana del 22 al 28 de enero de 1980, días antes de que se diera el incendio en la embajada española”, dijo Melgar Quiñónez.

De acuerdo con el análisis de la perito, a inicios de la mencionada semana se supo que un grupo de campesinos, acompañados por niños, permanecía en un centro educativo de la zona 1 y que realizaban una protesta.

Además, se les dio seguimiento durante los próximos dos días a los manifestantes, cuando se presentaron a la oficina de la Organización de Estados Americanos a entregar una carta en la cual denunciaban los abusos cometidos por agentes de la Policía y elementos del Ejército en las comunidades indígenas de Quiché.

Denunciaban abusos

Las víctimas manifestaban por acciones de las fuerzas de seguridad pública.

El resultado de la quema de la Embajada de España fue de 37 víctimas mortales, entre las cuales había campesinos, sindicalistas, estudiantes universitarios y empleados de la sede diplomática.

El objetivo de la manifestación era hacer pública la inconformidad de varias comunidades de Quiché, ante los abusos que agentes de la desaparecida Policía Nacional y elementos del Ejército cometían en esa región.

Los manifestantes dialogaron con el entonces embajador español, Máximo Cajal y López, quien sobrevivió al siniestro.

El Ministerio Público acusa a Pedro García Arredondo por delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y contra los deberes de  humanidad.