El juez Miguel Ángel Gálvez, quien lleva el expediente, decidió que Lima Oliva debe enfrentar a la justicia por delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico de influencias y uso ilegal de    teléfonos móviles dentro de la prisión.

Se presume que el militar acumuló una fortuna, con la cual adquirió inmuebles, vehículos y caballos.

La investigación del Ministerio Público (MP), que se encuentra en el expediente 01076-2013-00012, señala que el capitán supuestamente aprovechó sus vínculos con funcionarios del Sistema Penitenciario para lograr el traslado de al menos cuatro reos.

Gálvez dijo que la Fiscalía debe aclarar los hechos que se imputan, porque se hacen señalamientos graves.

“Es prudente que el órgano investigador continúe la investigación del caso, porque se debe establecer si existió alguna participación de los ahora procesados en actos ilícitos”, dijo.

Entre los  procesados se encuentran el exdirector de Presidios Edy Fisher, quien enfrentará a la justicia por incumplimiento de deberes. En el expediente se detalla que no denunció que Lima Oliva utilizaba un celular en Pavoncito.

José Ávila Mazariegos será investigado por asociación ilícita y tráfico de influencias. La pesquisa preliminar detalla que su función en la estructura era ser enlace entre el militar y el exdirector de Presidios Édgar Camargo.

Martín Arévalo Godoy, piloto del capitán, y Cristian Picón Cifuentes, amigo de Lima Oliva, son señalados como supuestos testaferros del militar. El juez les abrió proceso por  lavado de dinero.

Contra Juan Fernando de León Amézquita, Andy Urbizu Castillo y los hermanos Édgar Enrique y Silverio Otto Guillermo Chicas de León serán procesados por cohecho activo, ya que se presume que solicitaron los servicios de la estructura de Lima Oliva para ser trasladados del Preventivo para Hombres de la zona 18 a Pavoncito.

Traslados

Las pesquisas de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señalan que el 23 de julio último  Lima Oliva habló con Carlos Cermeño Espina, supuesto negociante de la red, para que comenzara a gestionar el traslado de De León Amézquita.

El cambio de prisión se logró tres días después. El reo se encontraba en el sector 1 del Preventivo, donde el Juzgado Cuarto Penal ordenó que permaneciera mientras dilucidaba su situación legal por la estafa que causó el cierre del Banco de la República.

Las negociaciones para mover a Urbizu Castillo y los hermanos Chicas de León comenzaron el 28 de julio. Los tres permanecían en el sector 13 de la mencionada prisión, y en agosto fueron llevados a Pavoncito.

Los tres están ligados a   proceso por supuestamente haber trasladado drogas y armas, el cual se tramita en el Juzgado Cuarto Penal.

El órgano investigador grabó unas 10 mil conversaciones telefónicas que Lima Oliva sostuvo con Cermeño Espina y Ávila Mazariegos, entre otras personas, las cuales se cuentan como indicios de los traslados.

También se sospecha que hizo gestiones para que el recluso Fabio Campo Morales fuera trasladado a Pavoncito en el 2013. Además del movimiento de Manuel de Jesús Saravia Tolero, vinculado con el cierre del banco mencionado.

En las grabaciones también consta que se iniciaron pláticas para mover a Pavoncito a Gonzalo Yovani Vásquez Pérez y Guillermo Alfonso de Jesús Méndez Meré, lo cual no se concretó. Ambos eran representantes legales de la desaparecida institución bancaria.

Gálvez dijo que las grabaciones de las llamadas telefónicas de Lima Oliva, quien supuestamente usaba dos móviles en Pavoncito, son evidencia de lo que señala el MP y que se requiere comprobar.

“El teléfono es una hoja de vida. Uno puede darse el lujo de conocer el pasado, porque ahí están —los registros de— las llamadas. También se puede conocer lo que va a pasar, por las conversaciones que cada uno tiene”.

Pendientes

Por solicitud del MP, el Juzgado ordenó la captura de ocho personas y citó a declarar a seis reos. Queda pendiente que se ejecute la aprehensión de William Salguero Tobar, excuñado de Lima Oliva, quien supuestamente era su testaferro.

Además, la judicatura aún debe decidir si liga  a proceso a Cermeño, quien fue separado del proceso porque no tiene abogado defensor, así como a Camargo, quien, por enfermedad, fue enviado a un hospital.

También está pendiente que Gálvez indague a Alejandra Reyes Ochoa, conviviente del capitán, que fue separada del proceso mientras concluye su período de lactancia, así como a Campo Morales, quien está hospitalizado.

Conocía caso

El juez aclaró en su resolución que la Corte Suprema de Justicia le ordenó conocer el caso, el cual le fue remitido el 8 de agosto del 2013. Antes de esa fecha la pesquisa era conocida por otra judicatura, pero la Fiscalía pidió que se trasladara a una  de alto impacto.

La solicitud para seguir las llamadas de las personas con posibles vínculos con la red se hizo el 12 de diciembre de ese año. Al inicio solo se escuchaba a cuatro sospechosos.

El 13 de enero de este año se ordenó el seguimiento a los teléfonos que el militar supuestamente usaba en la prisión, porque se detectó la   participación del militar en la estructura.

Una grabación de un día después, en la cual intervienen Lima Oliva y otra persona, da cuenta de que él sabía que había  investigaciones en su contra.

Gálvez dijo que en esa conversación se detalla cómo la otra persona  le dice al militar que el juzgado a su cargo había enviado una orden para interceptar varios teléfonos y escuchar las llamadas, y menciona a Fisher, Ávila Mazariegos y a alguien que identifica solo como 02.

Argumentos del juez

El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó al Ministerio Público que aclare aspectos de la investigación.

“Es prudente que se continúe con la investigación del caso”.

“El delito de lavado de dinero es muy complejo. —el capitán— Va a tener que demostrar de dónde provienen sus bienes”.

“Hay que establecer quién es el verdadero propietario de esa cantidad de bienes”.

“Uno debe justificar sus propiedades, porque si no se puede creer que son ilícitas”.

“Se habló de vulnerar el derecho a la intimidad con las escuchas, pero a veces hay que valorar dos derechos, en este caso el de seguridad”.

Respuesta del capitán

Byron Lima Oliva se mantiene confiado en que demostró su inocencia.

“En otra instancia se va a esclarecer cómo es cosa por cosa”.

“Hablan de una casa en San Marino —Escuintla— del año 2012. Yo tengo la propiedad desde el 2009”.

“Puedo estar en cualquier centro —de prisión—. Voy a donde sea, que preso es preso”.

“Miedo deben tener el ministro de Gobernación —Mauricio López Bonilla— o el presidente —Otto Pérez Molina— o la vicepresidenta— Roxana Baldetti— cuando vayan a capturarlos por adquirir ese montón de propiedades”.

“Salgo con la moral en alto. Yo hablé claro por 12 horas de declaración”.

Figuras penales y sus sanciones

Seis delitos le imputa el Ministerio Público  a la supuesta red.

LAVADO DE DINERO

Se comete al hacer una transacción con dinero ilícito, sabiendo su procedencia.
 
Contempla una pena de seis a 20 años de cárcel  y una multa igual al valor de los bienes obtenidos como producto del delito.

ASOCIACIÓN ILÍCITA

Lo comete quien integra un grupo dedicado a cometer ilícitos, entre los que se clasifica a organizaciones de gente armada, de delincuencia organizada o terrorista.

La pena es de seis a ocho años de prisión.

USO DE TELÉFONOS

Incurre en esa acción  el reo que dentro de una cárcel preventiva o de cumplimiento de condena tenga o use un teléfono móvil.
 
Se impondrán de seis a 10 años de prisión a quien sea hallado responsable de ese delito.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

En este delito incurre la persona o funcionario que utilice su relación con empleados públicos para obtener beneficios para sí u otra persona, haya o no perjuicio para el Estado o para tercera persona.
 
La pena va de dos a seis años de cárcel.

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES

Esta acción penal la comete el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función o cargo.
 
La sanción que recibirá por ello será de   uno a tres años de prisión.

COHECHO ACTIVO

Ese delito se refiere a la acción de entregar dinero o algún bien a uno o más funcionarios  para que no cumplan con las obligaciones que por sus cargos tienen asignadas en la administración pública.
 
La pena es de uno a cinco años de cárcel  y multa de Q100 a Q3 mil.