Prensa Libre

POR SANDRA VALDEZ

“Si bien se individualizó una responsabilidad penal, está acreditada la negligencia y la omisión de determinados funcionarios públicos. En cuanto a lo que compete a la PGN, ya no trabajan acá la trabajadora social ni la psicóloga”, informó Vladimir Aguilar, procurador general de la Nación.

Agregó que por un lado la sentencia —contra la parricida— ordena una investigación hacia los profesionales que intervinieron en el proceso, en el que se pudo evitar la muerte de Vásquez Alquijay por medio de un proceso de protección, por lo que la PGN apoya al Ministerio Público (MP) en esas pesquisas, “para que el peso de la ley caiga en estas personas que han sido negligentes”.

Aguilar expuso que también existe lo administrativo y que dentro de la institución se inició un proceso disciplinario contra las empleadas, aunque la que se desempeñó como trabajadora social ya no labora en la PGN y la psicóloga aún está a la espera de la notificación, luego de haber escuchado los argumentos sobre su actuación en este caso.

Resarcimiento

El Tribunal de Mayor Riesgo B resolvió que el Estado deberá resarcir a Byron Vásquez Camey —padre de la pequeña— con Q50 mil, por considerar que funcionarios o empleados públicos incurrieron en irresponsabilidad al no brindar protección a la menor cuando en su momento se presentaron las denuncias en las instancias públicas.

El resarcimiento fue ordenado el 15 de febrero último, durante la sentencia de 44 años de prisión que se le dictó a Liliana Alquijay, madre de la niña.

Durante el juicio se evidenció que 15 días antes de morir, Jennifer fue sometida a golpizas.

Una de las principales pruebas para el fallo fue que se comprobó que la víctima se había comido cuatro tacos con espinaca que eran de Jeny Chinchilla, pareja sentimental de la sentenciada. Esto provocó la ira de su madre, quien la golpeó hasta matarla.

En la necropsia se determinó que debido a los golpes —83 en vida y 53 después— le estalló el estómago.