Guatemala es uno de los países con más casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también con más sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El balance da como resultado 28 sentencias en contra del Estado guatemalteco y en ocho casos más en los que aún no hay condena.
Además hay casos que aún están pendientes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defina si les dará trámite y los trasladará a la CIDH.
Con esa cifra de casos, Guatemala es el tercer país con más condenas por parte de la CIDH, después de Honduras, que tiene unas 38, y Perú, que va a la cabeza, con 44.
El país de América que menos sanciones ha recibido es Costa Rica, cuyo Estado ha sido condenado solamente en tres ocasiones, dos de ellas por la muerte de migrantes, uno nicaragüense y otro panameño.
Casos por guerra interna
La mayoría de procesos por los que la Corte ha condenado al Estado de Guatemala han sido por sucesos acontecidos durante el conflicto armado interno pero en los cuales, a escala nacional, las víctimas o sus familiares no han encontrado justicia.
En octubre último fue condenado el exjefe policial Pedro García Arredondo, por la desaparición forzada del estudiante universitario Édgar Calito, ocurrida en 1981.
La condena más reciente se dictó el 29 de noviembre último, por la desaparición forzada del estudiante y sindicalista Fernando García, en 1984. En este caso la Corte ordenó al Estado guatemalteco continuar las investigaciones y procesos judiciales para establecer la verdad total de los hechos e identificar y sancionar a todos los responsables del crimen, así como indagar sobre el paradero de la víctima.
La condena anterior se dio nueve días antes. En esta, la CIDH analizó la desaparición forzada de 27 personas acusadas de subversión, entre ellas José Miguel Gudiel Álvarez, estudiante y reportero que fue capturado en 1983 por las fuerzas de seguridad, que lo señalaban de guerrillero.
Expedientes conocidos
La CIDH tiene competencia solo para conocer casos en los que los querellantes demuestran una negación de justicia a escala nacional. Algunos hechos criminales han sido juzgados y condenados en cortes nacionales.
Casos en Primera Instancia
En el 2012 se iniciaron procesos judiciales contra altos jefes militares, por genocidio cometido en el país.
Dos Erres: en mayo del 2012, el MP acusó a José Efraín Ríos Montt de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad, por la muerte de 201 personas. Se le considera autor intelectual.
Ixil. Por esta masacre, en la que murieron mil 771 personas, son procesados los militares retirados José Efraín Ríos Montt, Héctor Mario López Fuentes y Mauricio Rodríguez Sánchez.
Plan de Sánchez, Rabinal, Baja Verapaz: en este caso se declaró inimputable al general Humberto Mejía Víctores, mientras no mejore su salud. En esa localidad fueron masacradas 264 personas, en 1982.
Sepur Zarco:en este destacamento militar del Valle del Polochic, Alta Verapaz, fueron violadas y abusadas 15 mujeres, entre 1982 y 1986. Ellas declararon en septiembre último, en calidad de anticipo de prueba. Aún no hay procesados.
Sentencias emitidas por masacre
Unas cuatro condenas se han emitido contra militares y paramilitares acusados de haber perpetrado masacres.
Río Negro,Rabinal, Baja Verapaz: por este caso fueron condenados seis expatrulleros de Autodefensa Civil a 720 años de prisión. En la masacre perecieron 143 personas, en 1981.
Dos Erres,La Libertad, Petén: los tribunales han condenado a cinco exkaibiles a seis mil 60 años de cárcel por la masacre de 201 personas en esta comunidad, perpetrada en diciembre de 1982.
Fernando García: por la desaparición de este dirigente sindical y estudiantil fueron condenados dos expolicías nacionales a 40 años de prisión. El hecho ocurrió el 18 de febrero de 1984, en la zona 11.
El Aguacate, Chimaltenango: en este proceso ya fue sentenciado a 150 años de cárcel el ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj, por la desaparición de seis personas entre 1982 y 1984.
sanciones de Corte
De 1996 al 2012, la CIDH ha conocido y condenado 28 casos; la mayoría del conflicto armado interno.
El 25 de enero de 1996 se dictó la primera sanción por el caso de la Panel Blanca, en la cual, según opositores al régimen militar, se movilizaban quienes cometían asesinatos selectivos en la capital.
La segunda sentencia emitida por la CIDH data del 2 de julio de 1996, por el caso Niños de la calle, en la que se responsabilizó al Estado por la muerte de cinco menores.
El 25 de noviembre del 2003 fue sancionado el Estado por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, cometido en 1990.
Entre las más recientes condenas se encuentra el fallo de la CIDH del 24 de noviembre del 2009, por la masacre de Dos Erres, en la que murieron 201 personas.
El 4 de septiembre del 2012 la condena fue por las masacres de Río Negro, que se cobraron la vida de 444 guatemaltecos.
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