Prensa Libre

POR BYRON ROLANDO VáSQUEZ

Según el documento, “Guatemala se posiciona en la mitad inferior de los países de América Latina en la mayoría de los factores en donde se vulnera el estado de Derecho”.

El informe es producto de 97 mil personas entrevistadas y más de dos mil 500 expertos consultados en 97 países.

En el estudio se destacan ocho variables del estado de Derecho: límites a poderes del Gobierno, ausencia de la corrupción, orden y seguridad, garantía a derechos fundamentales, apertura del gobierno, cumplimiento de regulaciones, justicia civil y justicia criminal.

“Sus sistemas de justicia Civil y Penal clasifican como 88 y 84, respectivamente, y el país sufre de delincuencia y corrupción”, añade la investigación. Esta ubicación se refiere a la calificación de las variables mencionadas.

En su informe del 2011 ya se menciona que en el país se presentan “deficiencias en el acceso a la justicia, lo que podría atribuirse, entre otros factores, a la falta de información, las barreras lingüísticas para los grupos desfavorecidos, procesos largos y corrupción”.

En esa ocasión se ubicó a Guatemala en el lugar 63 de 66 países estudiados, en lo que se refiere a la criminalidad.

Reafirma estudios

Para el director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), Mario Ávalos, el expediente reafirma lo que se ha mencionado en informes elaborados con anterioridad por esa casa de investigación.

“Definitivamente, en cuanto a acceso a la justicia, nosotros tenemos investigaciones que demuestran que este derecho fundamental no logra ser garantizado en Guatemala”, resaltóÁvalos.

Otro de los factores que debe tomarse en cuenta es la celeridad de los procesos. “Lamentablemente en Guatemala, según nuestras investigaciones, los casos duran más de lo establecido en la norma procesal penal”, dijo.

Ávalos añadió que dentro de la percepción de la ciudadanía se cree que el sistema es corrupto, ineficaz, burocrático y costoso.

Cynthia Fernández, coordinadora del área Justicia y Seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), indicó que ese documento exhorta a superar los aspectos deficientes del sistema de justicia.

Entre estos citó que las instituciones están dispersas, tal el caso del Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Dirección General de Investigación Criminal y el Organismo Judicial.

“Son entes que forman parte del sistema penal y esto requiere que haya una perfección en la coordinación institucional para la efectiva aplicación de justicia”, aseguró Fernández.

¿Qué es la WJP?

Es una organización independiente, sin fines de lucro, que promueve el estado de Derecho como fundamento para el desarrollo de comunidades de oportunidad y equidad en todo el mundo.

La WJP lleva a cabo su labor a través de tres programas complementarios, entre ellos la divulgación del estado de Derecho, incluida la celebración del Foro Mundial de Justicia.