Prensa Libre

POR CORALIA ORANTES

Después de dos días de reunión, los ministros de Relaciones Exteriores, de Seguridad y de Defensa del Istmo, así como fiscales, acordaron iniciar ocho medidas inmediatas e implementar otros 18 puntos para el combate del crimen organizado.

El canciller Haroldo Rodas explicó que la Declaración de Antigua contiene acciones prioritarias y otras se incorporarán en los próximos meses.

La primera será crear un mecanismo de coordinación formado por un delegado de cada país y la secretaría del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) para liderar las acciones de combate del crimen organizado.

Se instruirá a las dependencias de cada país para que se efectúen patrullajes terrestres, marítimos y aéreos en las fronteras.

Se prevé que este plan comience en octubre próximo, en especial en la carretera Panamericana, para contrarrestar el narcotráfico, el tráfico de armas y personas, contrabando y el robo de vehículos.

Se pretende que las policías y fuerzas armadas mejoren el intercambio de información sobre hechos delictivos que ocurren en la región, con la finalidad de disponer de datos en forma inmediata cuando sean requeridos.

También se plantea la reactivación del Tratado sobre Hurto y Robo de Vehículos. Se espera fortalecer los niveles de inteligencia policial, para detectar la infiltración del narcotráfico y del crimen organizado en las instituciones del Estado.

Con el acuerdo se persigue impulsar la armonización de las normas legales, para evitar el blanqueo de capitales, además de que se prevé que en la región se utilice la ley de extinción de dominio para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Otro de los puntos fue la estructuración de un programa regional para ayudar a las víctimas y testigos en los procesos.

El presidente Álvaro Colom cerró la cumbre y aseguró que otro de los aspectos a los que se debe prestar atención es el cambio climático.

El mal de la región

Después de dos días de análisis y exposiciones de los encargados de la seguridad de cada país, se concluyó que los principales problemas que enfrenta Centroamérica son el narcotráfico, las extorsiones, los femicidios y las pandillas. Se indicó que un asunto fundamental es la falta de recursos económicos.

“Fondos es lo que nos hace falta a todos, no hay recursos suficientes; es por eso que cada país tiene que hacer un esfuerzo para financiar la seguridad”, explicó Rodas.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2006, el Istmo gastó US$6 mil 506 millones a causa de la violencia.

Aseguran que en las reuniones de carácter internacional buscarán financiamiento para los programas.

“La falta de fondos es un tema crítico. Hemos tenido el apoyo de la Iniciativa de Mérida, pero estos fondos no son suficientes para la demanda de la región”, explicó Rodas.

Carlos Menocal, ministro de Gobernación, refirió que no hay una cifra exacta de lo que se necesita para implementar los planes, debido a que la actividad criminal crece en forma constante.

“Por lo menos en Guatemala es necesario incrementar el presupuesto de seguridad y justicia en 50 ó 60 por ciento en relación a lo que se tiene, pues con ello se logrará una mejor inversión en laboratorios e inteligencia. Ahora Gobernación tiene un presupuesto de Q3 mil 250 millones y estamos pidiendo por lo menos Q4 mil 600 millones”, dijo.

Observatorio de DD.HH.

En medio de muestras de repudio por la matanza de 72 migrantes en México, los cancilleres de Centroamérica acordaron la creación de un observatorio de derechos humanos, para velar por los indocumentados que atraviesan la región.

“Reiteramos la necesidad de establecer un observatorio de derechos humanos y convocar a la mayor brevedad a una reunión extraordinaria del diálogo Sica-México sobre seguridad democrática, a efecto de tomar medidas concretas”, indica el acuerdo.

Los representantes respaldaron la petición de Guatemala para que Washington conceda a los connacionales un Estatuto de Protección Temporal (TPS, en inglés), que les permita vivir y trabajar en forma legal en EE. UU. por un período definido.