Aunque la defensa de Efraín Ríos Montt apeló en la Corte de Constitucionalidad (CC) un fallo de la Sala Cuarta Penal, este no se presentó a la audiencia.
Ríos Montt no estuvo de acuerdo con que la jueza Patricia Flores escuchara su primera declaración, porque estaba recusada por el militar Héctor Mario López Fuentes, también sindicado por genocidio.
Moisés Galindo, defensor de López Fuentes, acudió a la vista como tercero interesado, y pidió que se confirme el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordena a la Sala Primera Penal emitir una nueva resolución para que el proceso por genocidio y deberes en contra de la humanidad que se sigue regrese a Flores.
En el proceso participan como querellantes el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) y la Asociación de Justicia y Reconciliación (AJR).
Héctor Reyes, de Caldh, indicó que Ríos Montt ha planteado más de 90 acciones con el fin de retardar el proceso.
Édgar Pérez, de AJR, expuso ante el pleno de magistrados que las secuelas del conflicto armado continúan, “al no tener derecho a la justicia las víctimas”.
Señaló que la acción “es una estrategia dilatoria para entorpecer el proceso”.
La Apelación
Ríos Montt apeló el fallo de la Sala Cuarta de Apelaciones Penal, en el que se le niega el amparo, porque, según los magistrados, no existe agravio en su contra con que Flores conozca el caso, ya que la recusación contra la jueza es solo en el proceso contra López Fuentes.
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