Prensa Libre

POR HUGO ALVARADO

Danilo Rodríguez, abogado de Ríos Montt, solicitó al juez Miguel Ángel Gálvez en la audiencia de ayer que rechace esa evidencia y que no sea utilizada en el debate contra su cliente, ex jefe de Estado entre 1982 y 1983, y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex director de Inteligencia —G-2—, ambos acusados de genocidio y deberes en contra de la humanidad.

El defensor de Ríos Montt argumentó que dudan de la autenticidad del referido plan, porque solo son fotocopias, telegramas y no tiene los sellos originales.

“Ese fue sacado de la base de paracaidistas Felipe Cruz, ubicado en el Puerto San José, Escuintla, y no fue aprobado por el Estado Mayor de la Defensa”, puntualizó.

Tampoco están de acuerdo con la intervención en el jucio del experto en temas militares Héctor Rosada.

El abogado objetó, además, actas de defunción de víctimas que habrían muerto antes y después del período en que Ríos Montt gobernó el país.

La defensa del ex jefe de Estado cuestionó en total 14 pruebas.

El próximo lunes, Gálvez resolverá qué evidencias aceptará para que sean utilizadas en el debate y qué tribunal juzgará a los militares retirados.

La acusación

Los militares retirados enfrentarán juicio  como autores intelectuales.

El Ministerio Público  les atribuye  15 masacres en los municipios de Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal, Quiché,  donde murieron mil 771 indígenas de la etnia maya ixil.

Se les imputa el desplazamiento de  29 mil personas, de 54 comunidades de los referidos municipios, y 71 violaciones.

También de haber continuado  con   el plan de tierra arrasada  contra  la  población civil que era considerada enemigo interno.

Para llevar a cabo esa ofensiva se implementó el plan Victoria 82 y los planes militares Sofía, Firmeza 83 e Ixil.