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28/12/12 - 00:00 Justicia

Robo de droga estaría tras matanza de siete personas

La Fiscalía Distrital del Ministerio Público (MP) informó ayer que en la matanza del 23 de diciembre en Huehuetenango, los cuatro ocupantes de la camioneta blindada pudieron haber sido quemados vivos y que las investigaciones apuntan a que el objetivo del ataque era el empresario Luis Antonio Palacios.

INFOGRAFÍA – Mira detalles de la persecución

Cinco días después del hecho ocurrido en el kilómetro 309 de la ruta Interamericana, que se cobró la vida de siete personas en el caserío La Planada, El Palmar, San Pedro Necta, Huehuetenango, salen a la luz detalles de cómo operaron los victimarios.

Wálter Romero, fiscal distrital, indicó a Prensa Libre que se hacen las investigaciones de este proceso, identificado con el número MP-212-2012-3416 de fecha 23 de diciembre del 2012, cuyos avances han sido importantes al establecer dos hipótesis que generaron líneas de investigación.

Persecución de 40 km

El fiscal dijo que por ahora se ha determinado que hubo una persecución de unos 40 kilómetros, que pudo haberse iniciado en la aldea Cuatro Caminos, Santa Ana Huista. Al llegar al kilómetro 309, los dos vehículos fueron emboscados por un comando armado de unas 10 personas que portaban fusiles de asalto AK-47, M-16 y calibre 50 mm, de mayor potencia, que se movilizaba en camionetas de lujo y picop de doble cabina.

Romero explicó que el ataque pudo haberse dirigido primero contra dos guardaespaldas y una mujer que viajaban en un picop doble cabina. Fueron abatidos con fusil, en la carretera principal, a unos metros del desvío para El Mal Paso, en donde se localizaron el primer día 108 casquillos, y en otra revisión, otros 18 indicios.

Luego el ataque fue contra la camioneta tipo agrícola; sin embargo, por ser blindada, resistió el embate.

Después, en la parte baja del paso, los atacantes les dispararon a las llantas, para detener el vehículo, momento que aprovecharon para abrirlo y encontrar aún con vida a sus cuatro ocupantes, a quienes les rociaron gasolina y luego los quemaron, detalló.

En la camioneta viajaban la fiscal Irma Yolanda Olivares, del MP de Chiquimula; la directora de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente en El Progreso, Jennifer Carolina Hernández Moscoso; su hermana Carla Fabiola Hernández Moscoso y el citado empresario.

Robo de droga o dinero

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó ayer que en esta área fronteriza con México ha confluido la disputa de territorios por el control de los flujos de narcotráfico de los carteles del Golfo, de Sinaloa y los Zetas.

La información recabada, las características del ataque, los patrones utilizados y todo el modo de operar “nos llevaron a asumir desde el principio que era un tema del narcotráfico”, dijo el ministro.

Aseguró que se ha desvelado sin duda alguna un “tema específicamente de narcotráfico y que puede haber detrás de eso un robo de droga o dinero, un ajuste de cuentas, o bien una disputa territorial en específico”, sostuvo el funcionario.

En forma paralela, el presidente Otto Pérez Molina reiteró que se trata de una lucha entre los carteles del narcotráfico del Golfo, de Sinaloa y los Zetas. Aseguró que la información “ha fluido” y que ahora se sabe que el picop quemado tenía una “caleta” o compartimiento secreto.

Romero dijo que llamó la atención de los investigadores el compartimiento encontrado detrás del sillón trasero del picop, donde había un sistema eléctrico e hidráulico, el cual no se ha descartado que haya servido para trasegar droga. “Por ahora no podemos afirmar que ese vehículo era utilizado para pasar droga porque la investigación está en curso”, enfatizó el fiscal.

Identificación de cuerpos

El jefe distrital del MP sostuvo que la Fiscalía tiene un proceso de investigación con el acompañamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos de la Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia, que por ahora se ha centrado en la identificación de los cuerpos.

“Las señoritas estaban en el lugar equivocado. Ellas tenían una amistad con el empresario, pero no tenían ningún enemigo, no se dedicaban a alguna actividad ilícita que haya originado el ataque”, expresó Romero.

POR REDACCIóN /

Gobernador tiene  plan

El gobernador de Huehuetenango, Juan Solórzano, manifestó que está preocupado por los niveles de violencia que imperan en el departamento. Indicó que antes del terremoto del 7 de noviembre había solicitado junto a   la diputada Emilenne Mazariegos una audiencia con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el presidente Otto Pérez Molina.

Afirmó que tienen un plan de seguridad ya elaborado,   el cual buscan que tenga el apoyo del Ejecutivo para devolverle la tranquilidad a los pobladores, principalmente de la zona fronteriza con México.

Según el general Rudy Ortiz, comandante de la Quinta Brigada Militar, mantienen cuatro puestos de control en la zona, uno en la aldea Valparaíso, La Democracia; otro en Cuatro Caminos, Santa Ana Huista; en la aldea La Trinidad, Nentón, y en Santa Cruz Barillas.

Refirió que mantienen con regularidad patrullajes en la ruta Interamericana para tranquilizar  a los viajeros y a los pobladores que el día del ataque tuvieron miedo de hablar, pero  ahora ya se han atrevido a   dar  información importante para esclarecer este crimen.

Extraen muestras

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ya tiene las muestras  de cinco familiares y las de los restos de las siete víctimas para efectuar las pruebas de ADN y determinar a quiénes corresponden. La causa de muerte que reflejan las primeras necropsias es por proyectil de arma de fuego y carbonización en grado cuatro, que es el máximo. En la fotografía inserta aparece la fiscal Olivares en vida.


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