Prensa Libre

POR HUGO ALVARADO

El Tribunal tendrá que programar la fecha para comenzar el debate, pero parece que no en el corto plazo, ya que la defensa de los militares interpondrá una serie de acciones legales que retrasarían el inicio.

Miguel Ángel Gálvez, juez Primero B de Mayor Riesgo, aceptó ayer las más de 900 pruebas que el Ministerio Público tiene contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

Entre las evidencias a las que Gálvez les dio valor probatorio se encuentran testimonios de familiares de víctimas de masacres y planes militares que habrían sido utilizados contra la población civil no combatiente, además de peritajes psicológicos, antropológicos y forenses, entre otros.

La defensa de los militares mostró su inconformidad con el fallo, ya que el juzgador dejó fuera a cuatro peritos propuestos por ellos.

Esos peritajes eran la parte principal para su defendido, explicó Marco Antonio Cornejo, uno de los abogados de Ríos Montt. “Nos quieren llevar a juicio en un grado de indefensión”, dijo el abogado.

“Nos quieren subir al ring con las manos atadas. Usted no está siendo un juez de garantías”, expresó Cornejo al interponer un recurso con el que se oponía a que se le aceptaran todas las pruebas al MP, y a la defensa le rechazaran varias pruebas.

Al resolver, Gálvez expuso: “Siendo tres abogados a cargo de la defensa de Ríos Montt no pudieron solicitar una certificación a la Corte de Constitucionalidad. Cómo pueden, ya en la parte final del proceso en el juzgado, manifestar que no soy juez de garantías”.

Una de las pruebas a las que la defensa se opuso a que fueran aceptadas era el plan operativo Sofía, el cual supuestamente se utilizó para eliminar a la etnia maya ixil. Sin embargo, la defensa también pedía que fuera incluido entre sus pruebas.

Por genocidio

El MP acusa a los generales retirados de genocidio y deberes en contra de la humanidad. Se les atribuyen 15 masacres, en las que habrían muerto mil 771 indígenas, entre hombres, mujeres y niños.

Además, por el desplazamiento de 29 mil personas que residían en los municipios de Chajul, San Juan Cotzal y Nebaj, Quiché, quienes vivieron en condiciones infrahumanas en las montañas guatemaltecas y en México.

Esas atrocidades ocurrieron entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt fungió como jefe de Estado, y Rodríguez Sánchez, como director de inteligencia —G-2— en el Ejército.

A Ríos Montt se le considera autor intelectual del ataque a las poblaciones mencionadas.