La Policía efectúa más capturas, el Inacif practica más exámenes, el MP presenta más acusaciones, el Organismo Judicial (OJ) sentencia más, según reflejan sus estadísticas por separado. Sin embargo, ninguna cifra coincide.

Los juzgados y tribunales contra el Femicidio que ven casos de violación están saturados. El inicio de muchos juicios está programado hasta para marzo del próximo año.

Las reformas al Código Penal, la creación de los juzgados contra el Femicidio y el aumento de capturas ayudan a explicar las razones del incremento de las cifras. No obstante, también develan un alto grado de impunidad.

El MP logró 356 sentencias condenatorias por violación el año pasado —109 más que en el 2011—, y en lo que va de este año se reportan 277.

Antes de las reformas al Código Penal, en el 2009, había incesto, estupro mediante inexperiencia o confianza y estupro mediante promesa falsa de matrimonio. Todo eso era considerado violación, y así fue tipificado a partir de ese año, explicó la abogada Mayra Véliz. Esa medida aumentó el número de casos. La creación de juzgados contra el Femicidio, de una unidad especializada en violencia sexual en el MP y más información también coadyuvaron a ello.

Las cifras son disímiles. Es complejo medir la impunidad porque tiene una dinámica que no es igual en las instituciones que conforman el sistema de justicia, de acuerdo con la analista Carmen Aída Ibarra.

“Puede ser que las violaciones que se cometen hoy sean un problema de impunidad para el MP en la medida en que están en investigación o pendientes. Pasará mucho tiempo antes de que se convierta en una cifra para el Organismo Judicial”, afirmó.

Los perfiles

En el 61 por ciento de los casos, el agresor era un conocido, según estadísticas sobre los 586 hechos que de enero a la fecha conoce la Fiscalía de la Mujer.

Los padres, padrastros y tíos resultan ser, la mayoría de las veces, los victimarios en los casos que ha conocido Alba Albizuris, jueza del Tribunal de Sentencia contra el Femicidio y Violencia contra la Mujer.

A la lista de padres sindicados de violación se suman cuñados, agregó Wendy Ordóñez, fiscal de la Mujer.

Los perfiles policiales coinciden también en que los agresores son familiares cercanos. La violación termina produciéndose por exceso de confianza de parte de los padres.

La Policía detuvo a 105 personas por violación no consumada y a 130 en flagrancia.

La Unidad de Delitos Sexuales de la División Especializada en Investigaciones Criminales (DEIC) reportó otras 146 detenciones en lo que va del 2013.

Para elaborar los perfiles de los agresores, los investigadores se basan en los análisis de fluidos practicados por el Inacif, informes psicológicos y entrevistas.

En muchos casos, el violador tiene conductas sexuales desviadas y actúa por satisfacción o para experimentar. Las edades oscilan entre los 20 y 40 años.

En cuanto a niños abusados, la mayoría son menores de 13 años. “Los agresores, en muchos casos, fueron abusados también, y por esa razón desarrollan esa conducta”, explicó uno de los entrevistados.

No hay un patrón de comportamiento específico de un violador, agregó.

Según los detectives de la Unidad, este año comenzaron a recibir denuncias de violaciones sexuales ocurridas hace 10 y 12 años. “Lo que nos permite investigar es que las víctimas se atrevieron a denunciar, y con las investigaciones se lleva a los responsables a los juzgados”, afirmaron.

“En Guatemala todo lo hacemos al revés”, expresó Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes.

Leonel Dubón, de El Refugio, un hogar para víctimas de trata, indicó que la legislación actual ordena que cuando un menor es víctima de violación, la Procuraduría General de la Nación (PGN) “debe rescatarlo”.

Eso implica, según Dubón, que el niño sea llevado ante un juez de la Niñez y, a solicitud de la PGN, quede institucionalizado.

“El agresor queda libre y en su casa, mientras la víctima es llevada a un hogar, lejos de su ambiente familiar”, criticó Cruz.

Ordóñez reconoce que es una disyuntiva, una situación muy compleja. Si hay una pareja de menores, él de 16 y ella de 14, que viven juntos y ella dio a luz a los 13, para la menor él es su conviviente o “novio”; para el bebé, su padre, pero jurídicamente es un violador, porque ella dio a luz antes de los 14 años y de acuerdo con la ley debe recibir el mismo tratamiento que un transgresor.

“¿Qué le vamos a decir entonces a ese niño que fue fruto de una violación?”, cuestionó la fiscal.

Los juzgados, el MP y el Inacif seguirán atendiendo más casos si se toma en cuenta que cada hora resultan seis adolescentes embarazadas luego de una violación, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

MP busca a mil 212 agresores

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas  ha presentado a la fecha mil 446 casos de menores de 14 años embarazadas.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público (MP) y de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), mil 212 casos aún están en investigación.

En 181   no se encontró la ficha clínica, y en 110 fue imposible  establecer  con exactitud los datos de las víctimas.

Cinco fiscales y un grupo de investigadores han sido asignados al equipo. Sin embargo, encontrar a una menor de edad  con solamente un nombre y un apellido, sin una dirección completa y sin el nombre de un acompañante, se ha convertido en una tarea sumamente complicada, afirman.

Las menores no aparecen en registros del Renap y en varios casos su conviviente también es  menor de edad. Cuando esto sucede hay que rastrear al adulto que  acompañó a la víctima al servicio de salud.

Muchas veces esa persona mayor solo aparece identificada con un nombre y un apellido —si es que está registrada— en la ficha médica. De ser así,  los fiscales tienen que hacer un tamizaje para encontrarla en la localidad. Hasta ahora la Fiscalía de la Mujer ha vinculado 57 casos.

Las investigaciones del MP  determinaron que 35 niñas viven con su “agresor”, algunas veces con el consentimiento de  sus padres.

Quince personas han sido capturadas, pero no hay sentencias y dos expedientes se encuentran en fase intermedia de investigación.

A partir de esta experiencia  se estableció que los  fiscales deben acudir de oficio a los hospitales cuando se reporte el  embarazo de una menor de 14 años.

Guatemala, Escuintla  y San Marcos es donde se reportan más casos, según la PDH.

En el banquillo de los acusados

En el 90 por ciento de casos de violación,  las víctimas son mujeres y solo en el 10 por ciento son hombres, pero en la mayoría de hechos el agresor es de sexo masculino.

Mató a su hija

Un análisis practicado por un psicólogo grafólogo   a cuatro diarios de Gía Carlota Barrios, quien murió a los 13 años, refleja que esta era víctima de abusos sexuales y físicos por parte de su padre, Édgar Haroldo Barrios Cifuentes, 54, quien fue absuelto en un primer juicio en Quetzaltenango, de donde es originario,  y ahora enfrenta otro  debate  en la capital.

Era esclava de policía

El oficial de la Policía Nacional Civil Marvis Florián Lemus fue condenado a 61 años de prisión, por  haber mantenido a una niña de 13 años   en una habitación alquilada. Florián Lemus llegaba cada tarde y la obligaba a  tener relaciones sexuales. Cuando él no llegaba, la madre de la niña, Yolanda Alonso Ramos, se encargaba de que esta no escapara.

Va a prisión 21 años

Héctor Arcul Oscal, de 37 años, fue condenado a 21 años de prisión porque durante dos años violó a su hijastra, en el segundo piso de su casa, mientras su conviviente hacía y vendía tortillas en el primer nivel. La niña fue abusada desde los 9 hasta los 11 años de edad, y Arcul fue descubierto cuando la madre de la menor subió a avisarle a él sobre el cobro de un  cheque.

Su padre abusó de ella

Mario Raúl Ruche Hernández fue condenado a 18 años de cárcel por  haber abusado de su hija, de 15. Producto de las múltiples violaciones, la menor quedó embarazada y dio a luz un niño con problemas cardiacos y  una deformación conocida como polidactilia —seis dedos en cada extremidad—. La joven padece estrés postraumático,  según las psicólogas que la trataron.

AGRESIÓN

Según la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata, agresión sexual la comete “quien con violencia física o psicológica  realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o  a sí misma, siempre que no constituya delito de violación”.

Violación y agresión sexual la cometen cuando la víctima es menor de 14 años, o con incapacidad cognitiva o de voluntad, aunque no haya violencia física o psicológica.

La pena sube las dos terceras partes si  la víctima es vulnerable, está embarazada, es contagiada o es familiar del agresor, o si este  utiliza armas o sustancias,  o es funcionario público.

VIOLACIÓN

“Quien, con violencia física o psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma.

12 años de prisión es la pena máxima por el delito de violación.

8 años de prisión es la pena máxima por  cometer  agresión sexual.