La lista de irregularidades en la investigación, de acuerdo con la CIDH, incluyó desde fallas en el manejo de la evidencia, de la escena del crimen, en el informe de necropsia, en la toma de huellas dactilares y en la toma de declaración a testigos relevantes.
“En adición, en el proceso se tomaron en consideración estereotipos discriminatorios que tuvieron un serio impacto en la falta de diligencia en la investigación”, informó la CIDH en la nota donde anunció el envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según la CIDH, comisión autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), la decisión de elevar el caso a la Corte, el órgano judicial de la OEA, se debió a “la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado de Guatemala”.
La CIDH había pedido a las autoridades guatemaltecas una “investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial”, así como la reparación a los familiares de la víctima y la adopción de políticas especiales para combatir la violencia contra las mujeres.
La Comisión también había pedido a Guatemala “adoptar políticas públicas y programas institucionales integrados destinados a eliminar los estereotipos discriminatorios sobre el rol de las mujeres”.
Los familiares de la víctima habían denunciado en varias ocasiones negligencia de la Fiscalía por no avanzar en las indagaciones del caso, que en un inicio fue atribuido a un conflicto de pandillas.
Alfredo Herrera, integrante de la Fundación Sobrevivientes, dijo que existieron varias “falencias” e “irregularidades” durante el proceso de investigación y que las autoridades no le prestaron atención al crimen.
De acuerdo con la CIDH, este caso “permitirá profundizar en la estrecha relación que existe entre discriminación y violencia contra la mujer, así como entre discriminación y la falta de investigación seria y diligente de dichos actos de violencia”.