Las masacres ocurrieron hace 31 años, y el proceso de investigación empezó hace 13 años, en 1999.

Sin embargo, no fue sino hasta el 2011 cuando el expresidente dispuso que se ponía a las órdenes del Ministerio Público para ser investigado, y el 26 de enero del 2012 fue ligado a proceso penal por genocidio y deberes en contra de la humanidad, por los cuales ahora enfrenta juicio como presunto autor intelectual de aquellos hechos, algo que sus abogados defensores niegan y que grupos a favor de los derechos humanos celebran como un acto histórico.

Durante la gestión de Ríos Montt pudieron haber sido ejecutados mil 771 civiles ixiles, incluyendo mujeres y niños, lo cual rebate la defensa, que asegura que esas muertes no fueron ordenadas por el entonces gobernante, hoy de 86 años y que enfrenta la acusación junto al militar retirado José Mauricio Rodríguez, 67. Este fungió alguna vez como director de la oficina de inteligencia militar conocida como G-2.

Actualmente, Ríos Montt está en su residencia bajo arresto domiciliario, luego de haber pagado una fianza de Q500 mil. A la audiencia del viernes recién pasado, en la que se presentaron las primeras pruebas de cargo y descargo, asistió con rostro afable, e incluso saludó a los fiscales acusadores.

No olvidan

Para escapar de las matanzas y los combates, unos 29 mil pobladores civiles se vieron obligados a escapar a las montañas o a territorio mexicano. Eran originarios de municipios como San Juan Cotzal, Nebaj y Chajul, Quiché.

Esa expulsión obligada por el Ejército representó el 74.55 por ciento, en relación con el censo habitacional de 1981, que fijaba la población en 38 mil 902 personas, según la acusación presentada por el MP en el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo.

Tal migración forzada sometió a las víctimas a una degradación en sus condiciones de vida, que fue precaria, lo cual se veía agravado por la angustia de haber perdido a sus familiares, a muchos de los cuales no volvieron a ver vivos.

La investigación de la Fiscalía señala que la estrategia contrainsurgente del gobierno riosmontista quedó registrada en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, del 1 de abril de 1982, y en el Plan de Campaña Victoria 82, del 16 de junio de 1982, en los cuales se tenía en la mira a población civil no combatiente.

El Ejército, del cual Ríos Montt era legalmente comandante general, implementó operativos tendientes a localizar, atacar, aniquilar, eliminar y neutralizar a la población civil no combatiente, tanto en el área urbana como rural, lo cual condujo a la política de “aldeas arrasadas”, señala la acusación, extremo que los abogados del militar refutan con que no existen registros de tales órdenes y que solo se atacaba a la guerrilla.

Con fusiles

Las unidades militares aumentaron los ataques, con armas de fuego de grueso calibre, explosivos y naves aéreas desde las cuales bombardearon a las comunidades.

El MP responsabiliza a Ríos Montt de haber participado en el diseño, orientación, ejecución y supervisión de la aplicación de la política, estrategia y planes militares. Aunque hubo masacres posteriores, incluso en gobiernos civiles, no se ha ahondado en esos casos.

¿Estuvo enterado?

El expediente de acusación detalla que el general retirado tenía pleno conocimiento de los crímenes cometidos, ya que recibía informes periódicos en los que se detallaban los operativos de soldados, comisionados militares y Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que fueron formadas en su régimen.

Los informes consistían en reportar muertes de miembros del grupo y traslado de niños y adultos de la etnia maya ixil a otros territorios o a bases militares.

Fue así como se dieron desplazamientos colectivos en condiciones inhumanas, lesiones a través de violaciones, vandalismo, robos y destrucción de cosechas y viviendas.

La acusación incluye la falta de acción para emitir las órdenes respectivas a fin de detener, evitar o sancionar los actos contra la población civil.

Otro ejército

Durante la gestión de Ríos Montt, el Ejército no fue suficiente y se crearon las PAC, que podrían ser las responsables de la muerte de cinco mil 270 ixiles, aunque solo se tienen documentados mil 771 casos, entre niños, mujeres, ancianas y hombres.

De esa cantidad, se ha logrado identificar a 370 víctimas. Se han exhumado 249 osamentas, de las cuales 179 han sido identificadas y 70 siguen como XX.

La batalla de datos, alegatos y señalamientos ideológicos apenas comienza. La presión internacional también juega su papel, lo cual se refleja en posturas como la de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que ve en el juicio un “paso crucial para garantizar justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado”.

La defensa de Ríos Montt tiene decenas de testigos.

Concepto: Genocidio

Según el artículo 236 del Código Penal, comete genocidio quien, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso perpetre   muerte; lesión grave  a la integridad física o mental de los integrantes del grupo, sometimiento del conjunto o parte del grupo a condiciones que hayan de producir su destrucción física, total o parcial; desplazamiento compulsivo de niños o adultos; medidas destinadas a la esterilización o cualquier otra forma de evitar la reproducción del grupo.

CRONOLOGÍA

ABRIL  1998 – El Remhi

El Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) fue publicado en abril de 1998, por el obispo Juan Gerardi.

CASO 2024,  1982 Baja Verapaz

“Lo detuvieron dos noches en la cárcel pública, allí fue donde lo interrogaron, hicieron con él lo que todas las autoridades quisieron”.

CASO 3031, 1983 – Quiché 

“Y ese oficial nos decía que si no los matábamos nosotros, a todos nos iban a matar. Y así sucedió de que tuvimos que hacerlo”.

CASO 553, 1982 – Alta Verapaz

“Era muy peligroso y arriesgado pasar el día, era muy peligroso, no se podía hablar ni decir nada, a cada rato se llamaba al orden”.

CASO 553, 1982 – Alta Verapaz

“Había miedo de todo, toda la aldea, ninguno dormía en sus casas, llegábamos a ver, sólo en la mañana estábamos en nuestras casas”.

CASO 7392, 1982 A 1990 – Petén

“Vamos a trabajar juntos, sólo así unidos no nos pasa nada, porque tenemos que vigilarnos todos, y así tal vez, ya no nos va a pasar nada”.

CASO 1376, 1983 – Quiché

“Yo tengo un poco de pena porque si llegan a saber los que han hecho daños en nuestras comunidades, pues me pueden hacer daño”.

CASO 1343, 1982 – Chicamán

“La destrucción de bienes materiales produjo un sufrimiento individual y familiar, pero también afectó al sentido comunitario de la vida”.

CASO 9014, 1982 – Chajul

“Vaya a enterrar a esa gente, ya terminamos una familia entera, esos son mala gente, hay algunos que no se han muerto todavía”.

CASO 10066, 1982 – Chajul

“Estaba jugando  cuando vi subir a los soldados, llegaban y mi mamá me dijo huí. Una de las puertas daba al cafetal, entonces huí”.

 Defensa: “No nos preocupa”

Francisco Palomo, abogado de Efraín Ríos Montt, afirmó que no les preocupan las pruebas aportadas por el Ministerio Público y  los abogados de los familiares de las víctimas, ya que sostienen que ninguna de ellas incrimina directamente a Ríos Montt.

“No tenemos que probar nada. Es el Ministerio Público el que tiene que demostrar la culpabilidad de Ríos Montt”, dijo Palomo.

“En cada una de las evidencias que aportó la entidad investigadora no se podrá probar que se cometió genocidio y mucho menos que   Ríos Montt ni Rodríguez Sánchez  hubieran ordenado que se cometieran alguna masacre. Presentan certificados de defunción, y lo único que prueba eso es que hubo una persona que falleció, pero no demuestra que los generales retirados fueron los responsables”, manifestó.

“Lo interesante será cuando declaren los testigos y los peritos. Es la prueba que más vamos a contravenir. Ya que uno de los peritos es peruano, que  siempre declara contra los militares en otros procesos”, comentó el abogado.

Puntualizó que si en todo caso se produce el juicio se demostrará que no es culpable.

 Acusador: Suficientes pruebas

Salvador López, fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación contra los militares retirados acusados por genocidio, sostiene que hay suficientes pruebas que pueden probar que hubo genocidio en contra de la población maya ixil.

“Nosotros creemos que el juzgador no debería dejar fuera ninguna de las pruebas que hay contra los acusados, ya que son abundantes”, explicó López.

“Se va a demostrar que los dos generales retirados actuaron en esos hechos de forma intelectual, aunque se tiene claro que no fueron solo ellos dos. Hay más involucrados. Lo que se tiene claro es que se utilizó el aparato de Estado  para atacar a la población civil, que fue considerada por el Ejército como enemiga interna”, agregó. 

El Fiscal a cargo de la investigación no cree que la Corte de Constitucionalidad pueda beneficiar a los militares al otorgarles la amnistía, la cual han buscado por todos los medios legales.

“Jurídicamente no se puede aplicar la amnistía, no es una ley que deje dudas. El artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional establece que por genocidio no se puede otorgar dicho beneficio”, dijo López.

Guerrilla sin accionar

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, sostiene que desde el 2 de noviembre del 2011  denunciaron a exintegrantes de la guerrilla por actos de terrorismo, y no han sido procesados penalmente.

Se contabilizó que desde esa fechan han denunciado en el Ministerio Público a 17 exguerrilleros, pero ninguno de los procesos ha avanzado, dijo Méndez Ruiz.

“Cada una de las denuncias tiene nombre y apellido, y dónde pueden ser localizados, pero hasta el momento no vemos  acciones contra los terroristas”, precisó.

En junio del 2012 se presentaron en la  entidad investigadora 74 mil casos documentados sobre violaciones que habrían cometidos  integrantes de la desaparecida guerrilla.

Visiblemente molesto, manifestó que cada uno de los procesos en que el Ejército es señalado los casos avanzan aceleradamente, pero no ocurre los mismo con los del otro bando.

Méndez Ruiz denunció a 22 exguerrilleros del Ejército Guerrillero de los Pobres  de su secuestro, en 1982.

LOS HECHOS

Varias comunidades de Quiché fueron arrasadas. 

En Canaquil,  Nebaj, el 25 de marzo de 1982, el Ejército mató, como mínimo, a 30 personas.

En el caserío Xesayí, Chajul, el 12 de abril, en 1983, soldados les dieron muerte a 50 pobladores.

En Sumal, Nebaj, el 12 de abril de 1983, la tropa mató a siete personas.

En Kabtzé, Salquil Grande, Nebaj, el 15 de julio de 1982, cinco personas perdieron la vida.

En Jolopxam, Nebaj, el 13 de septiembre de 1982, fueron asesinadas  cuatro personas.

Otras cuatro personas perdieron la vida en el caserío Xe Belubal, en San Gaspar Chajul, el 20 de febrero de 1983.

En Tuchabuc, Nebaj, el 3 de mayo de 1982 mataron a cinco personas. Los soldados fueron trasladados de Huehuetenango para ejecutar el plan.

En Sajsibán, Nebaj, murió de hambre la niña Jacinta González

Marcos, de aproximadamente un año de edad.

En Chel, San Gaspar Chajul, el 3 de abril de 1982, soldados mataron a unas 42 personas, entre ellas  nonatos. Otros 35 pobladores siguen sin ser identificados.

En Xesayí, Chel, Chajul, soldados y patrulleros de Autodefensa Civil mataron a 14 personas, el 12 de abril de 1983.

En Xelocwitz, Sajsbán, Nebaj, por condiciones inhumanas,  el 10 de enero de 1983 falleció la niña Engracia Cruz Raymundo, de 2 años, junto a otros dos menores que murieron por desnutrición.